El secretario general de CiU y líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha admitido hoy que los nacionalistas catalanes tendrán que buscar una "alternativa" si finalmente no prospera el pacto con Esquerra Republicana. El frenazo en la negociación producido anoche, por desacuerdos de última hora sobre la fecha de la consulta soberanista y el aumento de impuestos, han obligado hoy a CiU y a ERC a salir al paso. De momento lo único que está garantizado es la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat, pero no la estabilidad parlamentaria.

En una intervención ante el Consejo Nacional de su partido, Duran ha defendido el acuerdo con los republicanos, pero destacando todos los problemas que éste puede conllevar, mientras que el líder de ERC, Oriol Junqueras, también ante los cuadros de su partido, ha asegurado que no hay alternativa al acuerdo con CiU pero que la negociación no está cerrada.

El gran avance que habían registrado las negociaciones durante la semana, con un principio de acuerdo incluso entre Mas y Junqueras sobre el horizonte temporal de la consulta, se frustró ayer a la hora de poner el pacto por escrito. CiU, especialmente Unió, no quiere una fecha,como Duran ha recordado hoy, mientras que ERC reclama claridad en este aspecto. El pacto estaba tan avanzado que los consejos nacionales de Unió, Convergència y Esquerra debían ratificarlo esta mañana, cosa que no ha podido hacer.

En lugar de esto los líderes de los tres partidos se han centrado en convencer a la militancia de que la posibilidad de acuerdo es real, pero sin ocultar los problemas.

Duran ha sido meridianamente claro. Ha destacado su oposición a ponerle fecha concreta a la consulta y a la subida de impuestos "a las clases medias". Y ha cargado contra la cultura política de ERC, un partido de tradición asamblearia. "El programa económico me preocupa tanto o más que el resto de puntos", ha dicho Duran, destacando que "la cultura de Gobierno de ERC no es la misma que la nuestra" y poniendo de relieve que ERC ha protagonizado "manifestaciones" contra recortes sociales. "Necesitamos que Esquerra se comprometa a asumir las políticas que sean precisas", ha dicho.

Junqueras ha asegurado que “ERC insistirá en la búsqueda de este acuerdo tanto tiempo como haga falta. Porque estamos convencidos de que lo lograremos”. El líder republicano dejó dos cosas claras a los militantes: que no cejará en reclamar una fecha para la consulta soberanista –principal escollo del pacto- y que, si hay recortes, son fruto del trato de los incumplimientos del Gobierno central.

ERC no circunscribe el pacto para la consulta en el acuerdo de estabilidad que negocia con CIU. Pretende que el consenso se extienda a todas las fuerzas parlamentarias que defienden la necesidad de un referéndum, Iniciativa y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Y que el compromiso que salga de CiU sea explícito, sin ninguna rendija para renunciar a la votación. “Queremos poner fecha a la democracia, queremos un compromiso explícito sobre la consulta. El cómo y el cuándo se debe hacer. La independencia, y la manera de alcanzarla, un referéndum, es absolutamente imprescindible y urgente”.

Tras una reunión de más de tres horas ayer con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, los líderes de CiU y ERC no lograron desencallar el acuerdo de estabilidad parlamentaria. ERC no tiene prisa, sabedora de que el tiempo corre a su favor porque a la federación nacionalista le urge un acuerdo para los Presupuestos de 2013. Las negociaciones continuarán durante el fin de semana y, por si acaso, Junqueras evitó cualquier crítica a CiU y especialmente al democrisitano Josep Antoni Duran i Lleida, señalado por los republicanos como el dinamitador del acuerdo.

Desde Convergència Democràtica, Oriol Pujol, ha buscado un camino intermedio entre ERC y Unió. Ha evitado hablar de poner fecha en la consulta, porque ha dicho, "tan importante es hacerla como ganarla". En cualquier caso, Pujol ha asegurado que la negociación continuará, que "el acuerdo es posible" y que "las cosas que comienzan de forma dificil, acaban bien".

"Pongamos fecha a la democracia". Así se ha expresado esta mañana el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien ha asegurado que la falta de concreción en el cuándo y el cómo de la consulta sobre el derecho a decidir sigue siendo uno de los principales escollos para llegar a un acuerdo con CiU. Tanto Junqueras como el portavoz del Gobierno catalán en funciones, Francesc Homs (CiU), se han mostrado esta mañana dispuestos a agotar el plazo de negociación para alcanzar un acuerdo de legislatura antes de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Artur Mas. La nueva legislatura, la décima desde la restauración de la democracia, arranca hoy con el pleno de constitución del Parlament surgido de las elecciones catalanas del pasado 25 de noviembre, en el que se elegirá de nuevo a Núria de Gispert (UDC) presidenta de la cámara catalana.

Junqueras ha asegurado en una entrevista en TV-3 que la consulta es imprescindible para "dar esperanza a la gente" y ha acusado a CiU por "no querer comprometerse a un periodo concreto". "Espero que sean conscientes que hay que concretar el cuándo y el cómo porque el país lo necesita y porque no se puede dejar en una inconcreción temporal algo tan importante", ha añadido el líder de ERC. Y si finalmente no hay acuerdo, Junqueras ha recordado que apoyará la investidura de Mas pero que "no hay compromiso en apoyar a los presupuestos". Sobre la formación del nuevo gobierno, Junqueras ha sido tajante: "Quién hará el gobierno es Artur Mas, pero es evidente que si queremos caminar juntos es importante que los consejeros compartan objetivos. Nosotros no discutiremos nombres, pero deben estar en sintonía con lo que vamos a hacer".

Por su parte, Oriol Pujol, secretario general de CDC, ha asegurado que "no ve espacio para el no acuerdo" entre CiU y ERC. La federación y los republicanos están "condenados" a entenderse, ha remarcado. Sin embargo, ha argumentado que, dada la envergadura, no hay que constreñirse en una fecha concreta: "Si en lugar de septiembre de 2014 es en marzo de 2015, ¿de verdad hay un problema muy grave? La conveniencia de tener este margen de flexibilidad es la que debe tener un gobierno que debe actuar con solidez los próximos cuatro años".

"Lo que llevamos entre manos es muy importante y lo tenemos que hacer bien, y para hacer las cosas bien, si tienes unos días para hacerlo merece la pena aprovecharlo", ha defendido Homs, que se ha mostrado convencido de que nacionalistas y republicanos lograrán ponerse de acuerdo.

Artur Mas, presidente de la Generalitat, ya lo avisó en la campaña y el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, le puso las cifras: el Ejecutivo catalán deberá reducir en los Presupuestos de 2013 4.000 millones de euros para cumplir el 0,7% del PIB. La suma es colosal. Con pocas posibilidades de formar un Gobierno de coalición, CiU aguarda negociar con Esquerra que está dispuesta a darle estabilidad parlamentaria para los dos próximos años y aprobar los nuevos Presupuestos. Oriol Junqueras, líder de ERC, que duda entre si el impacto será al final de 7.000 millones, estima que se podrían ingresar para paliar los ajustes 995 millones. Su partido sustenta esa recaudación básicamente en una nueva figura impositiva sobre los bancos para que sean copartícipes de los costes de la crisis.

Esquerra ya planteó esta primavera una hoja de ruta para ahorrar esos cerca de 1.000 millones y entonces CiU aceptó el “rigor”, recordó entonces el diputado Pere Aragonès, de las propuestas de los republicanos pero no asumió ninguna. La situación, sin embargo, ahora ha cambiado y las medidas están sobre la mesa. El esquema que plantea ERC, que está acabando de perfilar, se basa en que pretendía recaudar unos 600 millones de euros en un depósito sobre las entidades bancarias. Ese gravamen ya lo estaba aplicando Extremadura, Andalucía y Canarias y pretendía hacerlo Asturias. El Gobierno de Aznar, en 2001, recurrió la tasa ante el Tribunal Constitucional que acaba de dar la razón a las comunidades autónomas. El Partido Popular no ha tardado en reaccionar: presentó el jueves en el Senado una enmienda a la Ley Tributaria para crear un nuevo impuesto estatal sobre los depósitos bancarios con un tipo de gravamen del 0%.

Aragonès deploró ayer la “argucia legal” del PP que tachó de “fraude de ley”. “España es es el único país europeo que ha hecho algo así”, lamentó. Esquerra planteará una batalla jurídica con un recurso al Constitucional —“no la damos por perdida”— y propondrá a CiU crear un nuevo tipo impositivo sobre la banca similar al que existe en otros países europeos: sobre los beneficios, los activos, oficinas o capital riesgo. A su juicio, en materia tributaria, nada impide a la Generalitat imponer esas tasas si no están gravadas por el Estado. El eventual impuesto sobre las transacciones financieras es de más difícil aplicación porque debería ser homologable en la Unión Europea (UE).

La voluntad de Esquerra es que las entidades financieras asuman y contribuyan a soportar la crisis y plantearán completar su política de ingresos con otras medidas. Las principales son el rescate casi total del impuesto de sucesiones (164 millones), la ampliación de la base tributaria de las áreas comerciales (30 millones) o la modificación de la deducción por inversión en vivienda (99 millones). Los republicanos creen que la tasa denominada Euroviñeta (el gravamen para los camiones de gran tonelaje por el territorio catalán) quedaría quizá para mitad del próximo año.

Nacionalistas y republicanos aspiran en cualquier caso a que la suma de 4.000 millones de recortes se reduzca. Los democristianos Ramon Espadaler y Josep Maria Pelegrí instaron el sábado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que asuma parte de los ajustes que exigen a las comunidades. Y básicamente por dos vías: que pague la deuda que tienen contraída con Cataluña —se estima en más de 3.000 millones en concepto del Fondo de Competitividad y la Disposición Adicional Tercera— y que no centrifuguen el déficit. España debe cumplir para 2013 el 4,5% del déficit pero el Gobierno de Rajoy se ha reservado para cumplirlo el 3,8% de esa cuota y ha destinado el 0,7% para las comunidades, que son las que ofrecen los servicios esenciales del Estado del Bienestar.

Más allá del compromiso para convocar una consulta soberanista, el pacto entre CiU y Esquerra Republicana constituye un programa de gobierno, con importantes cambios en la política fiscal y compromisos de transparencia. El programa incluye hasta nueve impuestos nuevos o subidas de algunos de los existentes. El objetivo es que el ajuste previsto de 4.000 millones se haga no solo a través de los recortes.

Los partidos firmantes se comprometen a “defender” el establecimiento de un impuesto sobre los depósitos bancarios que ya aprobó ayer el Gobierno de CiU. Se modificará el impuesto sobre el Patrimonio, rebajando el mínimo exento y fijando un recargo para los “grandes patrimonios”. Se modificará el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para incrementar su progresividad y el potencial recaudatorio. En este punto el objetivo es volver como mínimo donde lo dejó el tripartito de la izquierda en 2010, que ya eximió de su pago a los patrimonios medianos. El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se adaptará buscando el efecto de compensación del IVA. Se aplicará y adaptará el impuesto ya previsto sobre las grandes superficies comerciales pero que nunca se había aprobado.

El Gobierno catalán también implementará nuevas vías de imposición ambiental. Se propone gravar la emisión de gases contaminantes para los aviones, a los que se cobrará un recargo por cada despegue desde los aeropuertos catalanes. También habrá una tasa sobre la producción de residuos nucleares mediante la modificación del gravamen de protección civil sobre las centrales atómicas.

El transporte de mercancías por carretera también sufrirá subidas de impuestos. Se implantará la denominada Euroviñeta a los vehículos pesados de mercancías que crucen Cataluña por carreteras de gran capacidad y que sean de titularidad catalana. Esta medida afecta singularmente el Eje Transversal (Lleida-Girona), cuyo desdoblamiento se inaugurará el mes que viene. Al igual que se viene haciendo en Italia y Francia, las bebidas con exceso de azúcares (refrescos) tendrán un nuevo gravamen. El acuerdo dice que este impuesto se hace por “motivos de salud”, como ya ocurre con el tabaco o el alcohol. Lo pagarán las grandes distribuidoras de bebidas. Finalmente el pacto se compromete a “estudiar” la aplicación de medidas impositivas o de otra índole para incentivar la entrada en el mercado de alquiler de las viviendas vacías propiedad de sociedades mercantiles. Inicialmente ERC pedía crear un impuesto directo sobre estos pisos.

Los republicanos también han forzado la revisión a la baja de otras tasas. Es el caso del controvertido Euro por receta. El pacto compromete al Gobierno a “evaluar la exención de nuevos colectivos” de este impuesto. Actualmente nadie paga más de 60 euros al año. El acuerdo pretende introducir “mayor progresividad”. También se evaluará la ampliación de las exenciones subjetivas a la tasa por prestación de servicios judiciales “para garantizar la tutela judicial efectiva”. Al mismo tiempo, el Gobierno catalán revisará las tasas universitarias, que han sufrido un gran encarecimiento en el presente curso.

ERC ha contestado a Rajoy. Si el jefe del Ejecutivo decide movilizar todos sus recursos, por las vías judicial, política y tributaria, para asfixiar el pacto sellado con CiU e impedir la convocatoria de una consulta soberanista, el Gobierno de la Generalitat no se quedará de brazos cruzados. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, no ha descartado esta mañana un avance de la consulta de autodeterminación y ha circunscrito esta posibilidad a la "presión" que pueda ejercer el Gobierno central sobre Cataluña. También el diputado de ERC Joan Tardà ha considerado hoy que la posibilidad de que el Gobierno se plantee o estudie suspender la autonomía de Cataluña sería una respuesta "chapucera" que actuaría como "catalizador" y solo serviría para acelerar el proceso.

Junqueras, en unas declaraciones a Catalunya Ràdio, ha afirmado que si, bajo el pretexto de que la Generalitat incumple el tope de déficit, el Gobierno español le niega los recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el Gobierno catalán tendrá que utilizar "todos los instrumentos a su alcance" para "plantar cara a la amenaza".

"Si la Generalitat no puede pagar las nóminas estaremos ante un drama colosal, pero la responsabilidad no será del Govern, sino de aquel que no transfiere un dinero presupuestado", ha apuntado el presidente de ERC, antes de advertir de que "en el peor de los casos, hará falta que los ciudadanos de Cataluña anticipen la decisión de tener un Estado".

El secretario general de Convergència Democrtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, ha afirmado que ve "difícil" anticipar la consulta a 2013, un año antes de lo previsto en el pacto de legislatura entre CiU y ERC, porque cree que se necesitará al menos todo el año que viene para organizarla. "Veo difícil que antes del final de 2013 tengamos lista toda la organización de la consulta", ha afirmado Pujol en declaraciones a TV3.

Para Tardà "solo hay una solución inteligente" ante el planteamiento del referéndum de autodeterminación que es "pactar democráticamente el cómo y el cuándo se ejerce el derecho a decidir". En ese sentido, el diputado independentista se ha remitido al ejemplo del primer ministro británico David Cameron quien dijo que "la derecha británica haría cuanto hiciera falta para que los independentistas escoceses no ganaran en el referéndum, pero que no se le había pasado por la cabeza prohibirlo". Cameron aseguró además que en caso de que ganaran los independentistas, el Ejecutivo británico "sería el primero en reconocer a Escocia como nuevo Estado de Europa". Por eso Tardà aboga por que "la derecha y la izquierda españolas" se concentren en "pactar" y gestionar "democráticamente el conflicto".

"Dentro de pocos meses va a llegar a estas Cortes Generales la petición solemne del Parlamento de Cataluña para poder convocar el referéndum, porque queremos hacerlo bajo el amparo de la legalidad española, y entonces la derecha y la izquierda deberán decidir si son parte activa de la democracia o avalan la represión", ha sentenciado Tardà.

Con ese horizonte, les recomendó, "deberían empezar a trabajar" en un acuerdo porque planteamiento como el de la intervención "no ayudan en nada y son letales para la democracia. Me perecen, gasolina de FAES", la fundación que preside José María Aznar.

Los padres de la Constitución no imaginaron en 1978 que, pese a sus esfuerzos, 34 años después se podría llegar a esta situación: que una parte (Cataluña) se planteara separarse del todo (España). La Carta Magna consagra la indisolubilidad de España en su artículo número 2 y hace casi imposible la reforma de su articulado a no ser que se quiera seguir este alambicado itinerario: la aprobación por 2/3 de los votos en el Congreso y el Senado; la disolución de las Cámaras; la ratificación del acuerdo por los nuevos parlamentarios y la convocatoria después de un referéndum que avale el proceso. Una consulta como la que han pactado el presidente Artur Mas, y Oriol Junqueras, líder de ERC, no cabe en el marco constitucional.

“Este es un problema de naturaleza política y no jurídica. No cabe un referéndum de ese tipo en la Constitución. No se hizo en su día esa pregunta y habrá que inventarse la respuesta. Y una reforma es tan complicada que es casi ciencia ficción”, reflexiona Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. A su juicio, la Constitución se ha convertido para Cataluña en un edificio “inhabitable” tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto —“Una barbaridad porque el Constitucional actuó como una tercera Cámara corrigiendo una decisión amparada en las urnas", siempre ha sostenido— y el proceso derivado de la manifestación de la Diada.

Y ahora se abre un escenario lleno de incógnitas y certezas: la maquinaria legal del Estado, dice Pérez Royo, intentará frenar el referéndum con un recurso ante el alto tribunal. Pero él afirma que los cambios de régimen o revoluciones nacen al albur de una nueva legitimidad (en este caso, la del Parlamento catalán, que aprobará la Ley de Consultas) que aspira a derrocar la legalidad vigente (la del ordenamiento del Estado). “Las posiciones se han enconado y es una situación envenenada. Estaríamos hablando de un proceso constituyente para Cataluña, pero también para España”, apunta Pérez Royo. Y recalca: “Cataluña tiene fuertes lazos con España. No es equiparable al caso de Escocia. No la veo como Estado independiente”.

El problema es de una profundidad mayúscula porque 87 de los 135 diputados de la Cámara catalana apoyan la consulta. Y eso descontando ya de esa suma a los 20 del Partit dels Socialistes (PSC), que apuestan por organizarla siempre y cuando se ajuste a la legalidad previa reforma constitucional. Salvo el PP y Ciutadans (30 diputados), el resto de parlamentarios respaldan que no hay mayor legitimidad que la de las urnas catalanas.

Andrés de Blas, catedrático de Teoría del Estado de la UNED, considera, por contra, que Artur Mas ha iniciado “un camino sin sentido”. Y que este escenario solo se podría ordenar reformando el artículo 2 y el 92, que prevé que todos los españoles, para las cuestiones trascendentes, sean llamados a un referéndum. Pero el Parlamento catalán solo quiere que ejerzan ese derecho los catalanes. Y la Carta Magna no contempla que sea consultada solo una parte. El expresidente del Gobierno Felipe González defiende, por ejemplo, que él querría votar porque se siente implicado y no concibe a una España sin Cataluña. “La consulta es una decisión muy precipitada y con mala pinta”, lamenta De Blas. “La autodeterminación no puede ser fruto de una voluntad desnuda. Hay que justificarla y negociarla según el derecho constitucional. Hay que reformar la Constitución. Cualquier otra vía es ilegal”.

En las antípodas, Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política de la Pompeu Fabra, sostiene que es absurdo atrincherarse en la Constitución y cree que si Cataluña ha llegado a este punto ha sido tanto por la sentencia del Estatuto como por la visión centralista del Gobierno con Cataluña. “Si el fallo hubiera sido más amistoso o el Ejecutivo hubiera ofrecido el concierto y más autogobierno no estaríamos aquí”, opina, añadiendo que la tendencia siempre ha sido realizar lecturas estrechas de la Constitución. No duda de que Mariano Rajoy recurrirá la Ley de Consultas y la Generalitat buscará el amparo en la esfera internacional, acogiéndose al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que España firmó en 1976 y que contempla “el derecho de libre determinación”. “La legalidad española es muy pequeña. Y habrá que mirar más allá”, alega.

Convergència i Unió y Esquerra Republicana no quieren perder un minuto más de 2013. Tras el parón navideño, ambos partidos se han reunido esta tarde para encarar la creación del llamado Consejo Catalán de la Transición Nacional. El órgano, en el que se prevé la entrada de los partidos catalanes que avalan la consulta y de representantes de la sociedad civil catalana, servirá para acompañar al Gobierno de Artur Mas en su camino para convocar un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña para 2014. CiU y ERC han acordado en la reunión acabar la semana con una propuesta pactada para articular legalmente este consejo y los nombres de la sociedad civil soberanista que deberán formar parte de él. La previsión del Gobierno es que el ente empiece a funcionar en febrero,

Durante esta semana CiU y ERC también consensuarán la declaración sobre la soberanía de Cataluña que se aprobará en la primera sesión ordinaria del Parlament, prevista para el día 23. El texto, que tendrá carácter solemne, fijará que la soberanía de Cataluña reside en los catalanes, y establecerá este principio como base para convocar la consulta soberanista. En este sentido, CiU y ERC también pulirán detalles de la ley de consultas, que la Generalitat pretende usar como cobertura legal al referéndum.

El encuentro entre CiU y ERC, que ha durado poco más de una hora, ha servido para fijar el calendario de trabajo para encarar las primeras semanas de 2013. Por parte de CiU han acudido su portavoz, Jordi Turull, y la nueva portavoz adjunta, la democristiana Marta Llorens; por parte de los republicanos se han sentado en la mesa la portavoz parlamentaria de ERC. Marta Rovira, el diputado y secretario general adjunto del partido Lluís Salvadó, El encuentro se repetirá cada semana, y servirá para coordinar la actividad de ambos partidos y del Gobierno para seguir el acuerdo de legislatura. En las próximas reuniones se incorporará un miembro del Gobierno: CiU debe decidir si acudirá el consejero de Presidencia, Francesc Homs, o el secretario del Ejecutivo, Jordi Baiget.

Los partidos han acordado poner en marcha otra comisión derivada de su acuerdo de legislatura: la de los Presupuestos. El Gobierno debe acordar las cuentas, pero antes CiU y ERC han pactado reclamar una relajación del objetivo del déficit, del 0,7% al 1,5%, lo que permitirá reducir en 1.600 millones los recortes.

La reforma educativa que plantea el ministro José Ignacio Wert se ha topado hoy con duras críticas, la advertencia de que no será acatada en Cataluña y la oposición de todos los partidos, excepto el PP. A estas horas, tanto el PSC como CiU ya han pedido la dimisión del ministro de Educación y, en Euskadi, la parlamentaria de Bildu, Laura Mintegi ha abogado por pedir desde el Parlamento y el Gobierno vasco la retirada de la reforma educativa, informa Ania Elorza.

Para empezar, de buena mañana, Wert se ha encontrado con el alegato en pro del catalán del portavoz de ERC, Alfred Bosch, y del portavoz de ICV, Joan Coscubiela. Ambos han asegurado que “ni con un guardia civil en cada aula los alumnos dejarán de estudiar en catalán”. Además, no acatarán la norma. La defensa de la lengua catalana ha unido a todos los diputados catalanes de la Cámara ya que el parlamentario del PSC Francesc Vallès también ha entrado en el terreno de las advertencias: “Si quiere tocar la lengua catalana va a encontrar en frente a todo un pueblo; el conflicto va a ser muy duro y muy largo, váyase antes de que sea demasiado tarde”.

El ministro ha asegurado que el borrador del anteproyecto no tendrá como resultado en absoluto “una batalla social y lingüística y solo pretende cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional”.

Han sido unos minutos intensos con las intervenciones apasionadas de Bosch y Coscubiela, aunque no se ha quedado atrás el parlamentario socialista Frances Vallès que ha augurado un conflicto de gran magnitud si el gobierno de España altera el modelo de inmersión lingüística. El ministro ha hecho lo que ha podido para imprimir un tono bajo a sus respuestas para que la efervescencia dialéctica bajara. Así, en el diario de sesiones solo quedan las intervenciones apasionadas de los diputados catalanes. Pero ahí quedarán los minutos de ambos políticos nacionalistas acompañados por el resto de los diputados de ERC que han lucido unos pequeños letreros con la leyenda “Keep calm”, que puede traducirse como “tranquilos”.

Alflred Bosch ha ido subiendo el tono de su intervención, intercalando el castellano y el catalán y calentándose por momentos. “No nos moverán; no le vamos a consentir que perpetren un atentado contra un país entero, cuando llevamos 35 años de un modelo sin problemas”, ha clamado Bosch. “Ustedes van a chocar con un gigante, con una nación dispuesta a defender a sus hijos. ¡Ni se le ocurra tocar a nuestros hijos; estamos hartos, vale ya; no acataremos, no acataremos”, ha dicho ya casi gritando. No se ha quedado atrás Coscubiela. “Cuando ya nadie le recuerde a usted señor ministros, en Cataluña se seguirá hablando catalán y se seguirá enseñando en catalán”. Y entonces ha llegado Vallés del PSC. “Se va a encontrar con todo un pueblo; no toque el catalán, es una agresión intolerable y si lo toca, el conflicto va a ser muy duro y muy largo”.

El ministro ha escuchado apenas sin mover un músculo y se ha limitado a decir que el anteproyecto no pretende introducir esos peligros para la lengua catalana, pero se ha dejado los principales argumentos para el debate posterior, más sosegada que la pregunta de cinco minutos, en respuesta al portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, sobre el mismo tema. Todos los partidos catalanes, en efecto, por separado, han hecho frente contra los planes para las lenguas cooficiales del Estado. Nadie se ha querido quedar atrás, tampoco el PP de Cataluña. Cuando el ministro ha terminado la intervención se ha reunido en un despacho del Congreso con la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez – Camacho. No por casualidad.

"No nos dejaremos engañar. Su borrador relega el catalán a especialidad de tercera", ha afirmado el diputado de ERC, Alfred Bosch, al preguntar al ministro de Educación, José Ignacio Wert, sobre la reforma de la educación. "No llevan buenas intenciones", ha insistido varias veces en su intervención. "No acataremos". Y le ha recordado al ministro que en Cataluña existe una fuerte oposición a lo que se considera un ataque a la política de inmersión lingüística de esta comunidad. "Hay una nación decidida a defender a sus hijos y a su futuro", ha afirmado. "No se le ocurra tocar a nuestros hijos".