Francisco Chaviano González
LA HABANA, Cuba, octubre
Cincuenta años de propiedad social en Cuba han dejado un nefasto resultado de ineficiencia, abuso laboral y miseria. La industria se volvió obsoleta, los suelos se convirtieron en poco productivos y la desidia se adueñó de todo. El salario creció muy poco y la capacidad para adquirir bienes y servicios se redujo alrededor de 50 veces.
La otrora azucarera del mundo ha terminado importando azúcar para su consumo; lo mismo sucedió con el café, el tabaco y la producción agropecuaria, que no cubre ni remotamente las necesidades en un país sub poblado y con condiciones naturales excepcionales para la producción agrícola.
Hace cincuenta años que la economía cubana no es sustentable, y aunque este adjetivo está de moda hace algún tiempo, poco se ha hecho para remediar la situación. Recientemente el presidente Raúl Castro informó que más de un millón de trabajadores perderían su puesto de trabajo, en un proceso de racionalización que prescindirá de quinientos mil en el primer año. Al mismo tiempo declaró que no quedarían sin amparo, porque se autorizará la creación de pequeñas empresas privadas.
La población está atemorizada por los despidos, y muestra poco entusiasmo para montar pequeñas empresas. Los llamados del gobierno para promover la propiedad particular son funestos. En dos ocasiones el pueblo se ilusionó con aperturas de este tipo y terminó desengañado, viviendo amargos momentos.
A principio de los años 80 el gobierno permitió el mercado libre campesino, la producción y venta de los artesanos, y otros trabajadores por cuenta propia; aquello terminó con operativos policiales conocidos como Pitirre en el alambre, Operación adoquín, Operación maceta y otros, donde casi todos terminaron esquilmados y algunos hasta presos.
A mediados de los 90, cuando la situación económica volvió a ser extrema debido a la caída de los países socialistas de Europa, nuestros gobernantes acudieron a la misma treta y los hechos se repitieron. Se impusieron impuestos draconianos que acabaron con la mayoría de los pequeños empresarios, asediados por los inspectores. Otros, empeñados en sobrevivir, fueron empujados a la ilegalidad y el soborno, en una espiral de inmoralidad. Los puestos de venta de productos agropecuarios fueron cerrados, perdiendo los propietarios su instalación y el pueblo los abastecimientos.
Ahora se repite la estratagema, con una perspectiva más amplia, y en medio de una situación agravada por la necesidad que tiene el estado de que se creen empleos para más de un millón de trabajadores, pero con la inseguridad de las experiencias padecidas. No hay una ley que los proteja, por lo que las nuevas pequeñas empresas que el Estado quiere ahora que los cubanos creemos, estarán a merced de que mañana se les expropie, sin más ni más.
Tampoco existe una superestructura que dé cobertura a su funcionamiento, ya sea de la banca para operar financieramente o de venta mayorista para adquirir materias primas e insumos. Estas pequeñas empresas tendrán que adquirir los medios requeridos en las tiendas minoristas, donde ya están gravados por un impuesto de 240%, producir bienes y servicios pagando mano de obra y el impuesto estatal, que aún se desconoce, pero sin dudas será muy alto, para luego vender su producto a un pueblo empobrecido y generar ganancias. ¡Imposible!
Para subsistir, estas empresas tendrán que operar al margen de la ley, comprando materiales robados, sobornando a policías e inspectores corruptos y siempre a merced de la expropiación y otros males.
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