Confrontación entre Estado e Iglesia
Morales quiere que la Iglesia pague impuestos y expropiar sus propiedades
Como las peleas con la Iglesia Católica se convirtieron en una suerte de rutina, nadie creyó que el presidente Evo Morales querría zanjar el asunto de una vez y para siempre. Menos que fraguaba una medida tan drástica como retirarle a la Iglesia el beneficio de no pagar impuestos y considerar las propiedades de la curia como patrimonio del Estado.
La decisión del Gobierno fue informada por el vice-ministro de Descolonización, Félix Cárdenas quien la justificó en el hecho de que la Constitución reconoce la separación entre el Estado y la Religión en el país andino.
“Bolivia no es una teocracia. Como cualquier institución, la Iglesia Católica tiene sus derechos y sus obligaciones. Entre la obligaciones figura la de rendir cuenta de sus haberes y pagar impuestos. Nunca los pagó y ese ha sido uno de sus privilegios”, puntualizó el ministro.
Pese a que Cárdenas trato de desdramatizar el anuncio, comparando a una institución de tanto peso en la sociedad con una empresa automotriz, nadie ignora la trascendencia de las leyes que se están gestando.El filósofo Norberto Pedrales las comparó con la expulsión de los Jesuitas de América en el siglo 18.
Aunque nadie pretenda expulsar a los curas de Bolivia, no es una nimiedad que el Estado o para todos los efectos el Gobierno de Morales, se convierta en el propietario de las tierras donde están asentados los 1.460 establecimientos educativos y las 1.600 parroquias, santuarios o conventos que administra la Iglesia.
Tampoco es un asunto baladí que la Universidad Católica Boliviana, con sede en cuatro ciudades o los colegios Don Bosco y San Ignacio donde se educa la crema y nata de la sociedad, deban tributar a Hacienda.
Según se infiere del anuncio de Cárdenas, el Gobierno va a por todas. “No sabemos en qué utiliza el dinero que cobra por los matrimonio o los bautizos. Eso se debe regular”, advirtió el ministro.
La jefa de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, Emiliana Aiza, sostiene que el Gobierno ha estudiado la situación impositiva de la Iglesia en profundidad y con cautela. “No es algo en lo que se puede improvisar ni menos un castigo. Aquí se busca igualdad de condiciones para todos”, expresó la diputada. Pero llama la atención que el Gobierno revelase sus planes dos días después de que el arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, denunciara la explotación de menores a manos de los narcotraficantes de Chapare, la región donde más se cultiva la hoja de coca.
Evo Morales consideró la denuncia como un ataque personal, ya que los cocaleros son sus más firmes aliados y el Chapare es un bastión de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El conflicto entre el Gobierno y la Iglesia Católica se remonta al 2006 cuando el entonces ministro de Educación, Félix Patzi, planteó eliminar la religión de las materias que se instruyen en los colegios. Luego el ministro de Interior, Sacha Llorenti acusó de reaccionarios a los integrantes de la Asamblea de Obispos por sus críticas a varios de los contenidos de la Carta Magna aprobada en febrero del 2007, a instancias de Evo Morales.
La pelea trascendió las fronteras de Bolivia cuando en su visita al Vaticano, el pasado 17 de mayo, el presidente le sugirió a Papa Benedicto XVI que ¡suprimiera el celibato! y criticó la forma e que son elegidos los Papas, a los que el Sumo Pontífice habría respondido que los asuntos de la Iglesia no son de su potestad.
El proyecto en ciernes de imponer a la Iglesia de su país el “voto” de la tributación y de anexar al estado sus propiedades, demuestra que al mandatario boliviano la admonición papal le entró por un oído y le salió por el otro.
La jerarquía eclesiástica aun no se ha expresado acerca de las medidas que su rival se trae entre manos.
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