Rafael Correa califica de traidores a disidentes del oficialismo
"Los que tengan que irse que se vayan y rápido. Una revolución no solo que tiene siempre cobardes y traidores sino que los necesita para reafirmar sus convicciones", agregó Correa.Descartó que la intención sea adueñarse de la justicia sino que "tan solo queremos reestructurarla para que funcione (y) sea transparente", acotó.La agrupación Ruptura de los 25 anunció el viernes su separación del movimiento Acuerdo País, de Correa, de la cual formaba parte."El presidente no puede excederse en sus funciones", al pretender reorganizar la justicia mediante la consulta popular, dijo María Paula Romo, una asambleísta separada del bloque legislativo oficialista.Otros dos asambleístas de gobierno anunciaron su alejamiento el jueves por similares motivos.El Ejecutivo presentó 10 preguntas a la Corte Constitucional para que sean incluidas en un referendo. La corte deberá resolver si da o no paso a la convocatoria, sin fecha definida.Cinco de las preguntas plantean temas que requieren una reforma constitucional para transformar el sistema judicial, por lo que se realizarán bajo el concepto de "referendo".Las otras cinco, que corresponden a reformas legales y se plantearán como "consulta popular", buscan eliminar los juegos de azar y los espectáculos públicos como las corridas de toros.Sectores de oposición han calificado de "inconstitucional" al referendo.
Referendo abre grieta en oficialismo ecuatoriano
La propuesta del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de reformar la justicia vía referendo agrietó el oficialismo tras la desvinculación de varios diputados y funcionarios que rechazan la consulta, lo que según analistas azuza el fantasma de un anticipo de elecciones generales.
Este viernes la legisladora María Paula Romo y los secretarios de Transparencia, Juan Sebastián Roldán, y de Pueblos, Alexandra Ocles (ambos con funciones de ministros), renunciaron al movimiento socialista Alianza País (AP).
Ellos se sumaron a los congresistas Betty Amores y César Gracia, que dejaron la bancada a inicios de semana.
``Con la disidencia de parlamentarios termina reduciéndose Alianza País, ahora es un bloque con menos apoyo en la Asamblea y por eso van a tener más dificultades para poder conformar mayoría en el pleno', dijo el analista Hernán Reyes, de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Aun con la salida de los diputados, que sin embargo mantendrán sus curules, el oficialismo sigue teniendo el principal bloque en el Parlamento con 56 de 124 escaños. Incluso sin disidencias, AP no tenía mayoría absoluta, es decir las dos terceras partes necesarias para aprobar reformas constitucionales.
``El presidente no puede exceder sus funciones. En el ejercicio del poder debemos reconocer límites, por eso no encontramos justificación para la consulta', dijo Romo, quien descartó pasar a la oposición, al igual que los secretarios y cuatro concejales que anunciaron su distanciamiento.
El 17 de enero, Correa entregó a la Corte Constitucional diez preguntas para someterlas a referendo, entre las cuales se plantea suspender por 18 meses el Consejo de la Judicatura (organismo que regula el sector) y reemplazarlo por una comisión provisional, con participación del gobierno.
El comité debería reestructurar el sistema judicial y ``evaluar y sancionar a jueces corruptos', a los que el gobernante culpa del aumento de la inseguridad. Cinco de las interrogantes --cuya legalidad analiza la Corte-- proponen reformas constitucionales, y las otras abarcan temas generales como la prohibición de las corridas de toros y de los juegos de azar. La oposición asegura que las enmiendas afectan la estructura básica de la Carta Magna y que el objetivo de Correa es extender su poder a las cortes. Algunos disidentes, a su vez, denuncian un giro a la derecha del mandatario.
Según Alexei Páez, la pérdida de terreno en la Asamblea avizora una reactivación de la ``muerte cruzada', un mecanismo que faculta al presidente para disolver el Congreso y llamar a elecciones generales anticipadas.
La norma puede ser aplicada en caso de que los diputados obstruyan la ejecución del plan de desarrollo, grave crisis política o conmoción interna, según la Constitución.
``Se viene un Congreso díscolo, en el que el presidente no logrará una mayoría para aprobar leyes, por lo que el siguiente escenario será probablemente de 'muerte cruzada', señaló Páez, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
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