El poder de la irresponsabilidad
Desde Cuba Por Leonardo Calvo Cardenas La alimentación de la familia se ha convertido en un permanente dolor de cabeza para el cubano de a pie. Baja productividad, escasez permanente, precios inaccesibles, absurdas restricciones a la producción y el comercio, racionamiento que se acerca al medio siglo, así como la ineficacia de la alternativa de arrendar en calidad de usufructo las tierras que el gobierno ha mal utilizado, constituyen los lamentables resultados de la estatización forzada de un sector fundamental de la economía nacional
Con las leyes de reforma agraria (mayo 1959 y octubre 1963) la revolución barrió de un plumazo, o mejor dicho de dos plumazos, el patrimonio económico de grandes y medianos productores agropecuarios. Para realizar el desmontaje de las estructuras socio-económicas tradicionales del campo cubano el alto liderazgo no tomo en cuenta, ni siquiera, el aporte y respaldo que muchos propietarios agrícolas hicieron al proyecto revolucionario.
Las leyes de reforma agraria crearon la categoría económica de pequeño agricultor, por muchos años única propiedad privada jurídicamente reconocida, ente que nació sujeto a las imposiciones burocráticas que han limitado hasta la saciedad el desenvolvimiento de lo que a pesar de todo ha sido el único sector productivo y eficiente de la agricultura cubana. Así el gobierno revolucionario se convirtió en el latifundista supremo, acaparando el 85% de la superficie cultivable del país, y con ello la economía socialista dio su primer paso hacia un abismo insoluble y el pueblo cubano comenzó su largo vía crucis de penurias y carencias.
De experimentos voluntaristas, descabellados, fallidos y de subsidios tan abultados como mal gastados enfermó la economía nacional. El caso es que setenta años después de que la Constitución de 1940 legisló contra nuestro principal flagelo económico y refrendó el regreso de la tierra a manos de los que la trabajan, nos encontramos ante el mismo dilema: el latifundio, ahora estatal e improductivo, que retrasa la economía nacional y deja a los laboriosos hombres del campo impedidos de hacer un aporte capital a la evolución económica del país a causa de la indolencia de la elite.
El actual gobierno parece estar consciente de su propia ineficacia productiva, así como de lo grave que es para el presente y el futuro del país seguir importando más del 80% de los alimentos que podrían producirse en la Isla. Sin embargo, el alto liderazgo no parece estar dispuesto a demostrar la audacia y responsabilidad necesarias para renunciar a un monopolio que en medio siglo sólo ha servido para controlar la sociedad y destruir nuestro cuerpo económico.
Los cubanos, víctimas de penurias y desesperanzas, ven como las autoridades cubanas se muestran incapaces de renunciar al latifundio a través de reconocer, por fin, los legítimos derechos de los que trabajan la tierra, lo cual puede ser el histórico primer paso de un gobierno comprometido con el bienestar de sus ciudadanos y la seguridad nacional de su país, para salir del abismo económico y social que nos agobia.
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