La semana que comienza en Estados Unidos se antoja decisiva en la lucha para eliminar las barreras legislativas hacia la igualdad de derechos de los homosexuales en Estados Unidos. El martes y el miércoles, los nueve jueces del Tribunal Supremo del país, escucharán, por primera vez en la historia, los argumentos legales para determinar la constitucionalidad de dos disposiciones contrarias al reconocimiento del matrimonio homosexual y los derechos de sus cónyuges.
El máximo órgano judicial debe dictaminar si las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio y si, en ese caso, el Estado federal tiene la obligación de reconocerles las mismas facultades y prerrogativas que tienen los cónyuges heterosexuales. El Supremo resolverá estas cuestiones a través del estudio de dos casos. El primero busca que se declare inconstitucional la Proposición 8, una enmienda que el Estado de California aprobó en referéndum en 2008, que prohíbe contraer matrimonio a las personas del mismo sexo, que sí podían casarse hasta entonces. Varios tribunales inferiores han decretado la inconstitucionalidad de la medida. El segundo caso que ocupará a los jueces concierne a la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, en sus siglas en inglés), que el Congreso aprobó en 1996 y que prohíbe al Gobierno federal reconocer a los miembros de un matrimonio homosexual los mismos derechos que sí les reconocen los Estados en los que esas uniones son legales, como los beneficios en las declaraciones de impuestos o en el cobro de pensiones.
Durante casi tres horas de argumentos, repartidas en dos sesiones, los abogados de ambas partes debatirán con los magistrados sobre cuestiones como la libertad de los Estados para definir y establecer los límites del matrimonio o el alcance de la garantía del derecho a la igualdad en la Constitución estadounidense. Los nueve jueces dictarán sentencia en el mes de junio.
En las últimas semanas, una larga lista de políticos y personajes públicos han manifestado su apoyo al matrimonio homosexual y han pedido a los jueces del Supremo que declaren la inconstitucionalidad de la Proposición 8 y de la DOMA. La Casa Blanca fue de las primeras en sumarse a esta exigencia. Barack Obama se convirtió en el primer presidente de EE UU que solicita a la máxima instancia judicial del país que falle a favor de la igualdad de derechos para las uniones entre personas del mismo sexo.
Más de un centenar de políticos conservadores, entre ellos altos cargos de la Administración de George W. Bush, enviaron un manifiesto al Alto Tribunal pidiéndole que rechace la Proposición 8. Los Clinton, Bill primero, y Hillary, después, también han solicitado a los magistrados que declaren la inconstitucionalidad de la DOMA.
El expresidente lo hizo a través de un editorial publicado por The Washington Post en el que abogaba por eliminar la ley que él mismo sancionó “por ser contraria a los principios de EE UU”. Clinton aseguraba que esa disposición fue aprobada “en un tiempo muy distinto”. La exsecretaria de Estado grabó un vídeo la semana pasada en el que daba su apoyo las uniones homosexuales, asegurando que los gais y lesbianas “son ciudadanos que merecen los mismos derechos que el resto de la población y eso incluye el matrimonio”.
En la actualidad, 10 Estados, más el Distrito de Columbia, han regularizado las uniones entre personas del mismo sexo. El Supremo, sin embargo, debe decidir sobre la inconstitucionalidad de dos leyes, no sobre la legalidad del matrimonio homosexual. No obstante, una resolución favorable, abriría las puertas al reconocimiento de las bodas gais en todo el país.
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