Ecuador: “Ley Mordaza” para la prensa majadera
Las sesiones del cuerpo legislativo en Ecuador arrancan esta semana con el análisis de un texto que el partido oficialista Alianza País definió como prioritario: “El proyecto de Ley de Comunicación”.
El gremio periodístico está alerta por la aprobación de la ley luego de que en sus cuatro años de mandato, Correa llevó ante los tribunales a periodistas, medios de comunicación, indígenas, estudiantes y dirigentes sociales, a quienes acusó respectivamente de difamación, sabotaje y terrorismo.
El asambleista Mauro Andino de AP ya entregó los cambios al texto para ser discutidos en el seno del hemiciclo.
Entre las novedades que el oficialismo incluyó está un nuevo Consejo de Regulación, la creación de la Superintendencia de la Comunicación y la extensión del acceso del 34 por ciento de las licencias no solo para representantes de grupos indígenas y afroecuatorianos, sino también colectivos ciudadanos.
Aunque desde su redacción –como sucede con otras leyes de ese tipo impulsadas en Latinoamérica– Correa ha promovido un acceso a licencias “más democrático”, la pelea de vieja data que tiene el oficialismo con los medios de comunicación hace temer que el espectro se reparta solo entre quienes compartan la visión de gobierno.
Durante su posesión el pasado viernes, el mismo Correa afirmó: “Es cómico que la prensa hable de crítica al poder, pero ellos mismos son uno de los poderes más grandes, incluso mayor que el económico”, agregó, cuando además sostuvo que “si un medio ataca o difama a un presidente, eso es libertad de expresión; si un presidente les responde, eso es represión”.
“Es una ley que pretende cerrar espacios para lograr una prensa mansa”, aseguró el presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Vicente Ordóñez.
Uno de los aspectos más preocupantes que desde ya se sabe que irá al código penal es la figura del linchamiento mediático propuesta por la asambleísta María Augusta Calle. En el proyecto original estaba definido como “una voluntad sistemática, concertada a través de diferentes o de un mismo medio de comunicación para acabar con la honra y el prestigio de una persona”.
Al respecto Ordoñez sostuvo que la figura cerrará las puertas el periodismo de investigación y a las denuncias sobre corrupción.
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