El Tribunal Supremo de Estados Unidos podría resolver de una vez para siempre en la nación si los trabajadores homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero pueden ser despedidos en función de su orientación sexual o su identidad de género. La máxima corte ha decidido este lunes aceptar tres casos distintos para estudiarlos en el curso judicial que se iniciará el próximo otoño. Estos tres procesos mantienen divididos a los tribunales federales y a algunas agencias de la Administración de Donald Trump sobre si el famoso Título VII de la Ley de Derechos Civiles solo se circunscribe a no discriminar en el trabajo en cuanto al sexo, pero no se define en cuanto a prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
El Gobierno de Trump ha argumentado ante el alto tribunal que el Título VII no incumbe a los individuos englobados dentro del colectivo LGTB. Cerca de la mitad de estas personas viven en Estados que permiten la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género, según MAP, un grupo de pensamiento a favor de ese colectivo.
Lo cierto es que nadie debía de tener en mente a homosexuales y personas transgénero cuando en 1964, bajo la Administración Johnson, se aprobó la norma que prohibía a las empresas discriminar por motivos de sexo, raza, color, nacionalidad y religión. Ahora, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Trabajo, que forma parte del Gobierno y que Barack Obama impulsó, considera que el Título VII tiene una lectura más amplia, una que se corresponda con la sociedad actual. El Ejecutivo de Trump no está de acuerdo con esta visión.
A pesar de que el Supremo nunca ha fallado sobre si los empleadores pueden discriminar basándose en la orientación sexual, en el caso de 1989 de Price Waterhouse contra Hopkins, la máxima corte judicial del país creó un precedente al dictaminar que no era admisible discriminar basándose en “estereotipos de género”.
A partir de octubre, el Tribunal pondrá bajo lupa tres casos distintos. Dos de ellos afectan a dos trabajadores que aseguran que fueron despedidos por ser homosexuales. En el primer caso, Donald Zarda, instructor de paracaidismo, demandó en su momento a la empresa Altitude Express alegando que había sido despedido por ser homosexual. Zarda murió en octubre de 2014 en un accidente de caída libre en Europa, pero su familia ha seguido adelante con el proceso.
En el segundo caso, Gerald Lynn Bostock, coordinador de servicios sociales infantiles, demandó a un condado de Georgia por despedirle en 2013 tras descubrir que era gay y pertenecía a una liga LGTB de softball (una variedad de béisbol).
El tercer proceso que verá el Supremo en el curso 2019-2020 será el de Aimee Stephens, una mujer transgénero que fue despedida de su trabajo en una funeraria dos semanas después de que le dijera a su jefe que a partir de entonces viviría como una mujer. Aimee trabajó durante seis años en la funeraria como Anthony Stephens. “Al final de mis vacaciones en agosto de 2013, regresaré al trabajo como mi verdadero yo, Aimee Australia Stephens, con la ropa que me corresponde”, escribió Stephens a sus compañeros. Dos semanas después de acudir cada día a trabajar vestida como una mujer, Stephens fue despedida.
Son los primeros procesos que atañen a los derechos LGTB tras la composición del nuevo Tribunal Supremo, que ahora tiene en su bancada al juez conservador Brett Kavanaugh, quien reemplazó a Anthony Kennedy, defensor de los derechos del colectivo. Este cambio puede ser muy significativo e inclinar de un lado o de otro la balanza de la justicia.
“A nadie de le debería negar un trabajo o despedirle por quien es o por la persona a la que ama, incluida toda la comunidad LGTBI”, ha asegurado Sarah Warbelow, directora del departamento legal del grupo de defensa de los derechos civiles Human Rights Campaing (HRC). “El cada vez mayor consenso es que las leyes de derechos civiles de nuestra nación protegen a la comunidad LGTBIQ contra la discriminación. Ahora, el Tribunal Supremo tiene la oportunidad de clarificar esta área de la ley para asegurar protección a las personas LGTBIQ en muchas áreas importantes de su vida”, asegura Warbelow en un comunicado hecho público este lunes. “El impacto de esta decisión tendrá consecuencias muy reales para millones de personas en todo el país”, finaliza la asesora.
YOLANDA MONGE, WASHINGTON, ABRIL 2019
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