Sobresalto en el empresariado español. Sobre todo en el sector hotelero. Y más concretamente en dos de los grandes, Meliá e Iberostar. Estados Unidos ha abierto la puerta a que sus ciudadanos puedan reclamar en los tribunales las propiedades que les fueron confiscadas en Cuba a partir de la Revolución de 1959. Dado que el grueso del exilio cubano vive en EE UU, lo que se avecina es un tsunami de demandas: los cálculos más conservadores hablan de 75.000.
¿Y eso qué tiene que ver con los hoteleros patrios? Pues que una decena de ellos explota 77 establecimientos en Cuba (el 51,2% de toda la planta hotelera de la Isla) y ya sería casualidad que ninguno de los terrenos donde están edificados procediera del expolio.
La medida no se la ha sacado Donald Trump del tupé. Está incluida en la Ley Helms-Burton, aprobada en la Administración de Bill Clinton en 1996 después de que la Fuerza Aérea cubana derribara dos avionetas de Hermanos al Rescate, una organización que socorría a los balseros en el estrecho de Florida. La Helms-Burton endurecía el embargo comercial e incluía dos capítulos peliagudos relacionados con las propiedades confiscadas: el 3, que permite su reclamación en los tribunales, y el 4, que restringe la entrada en EE UU de personas que se hayan quedado con esas propiedades o que hagan negocio con ellas. La UE puso el grito en el cielo, ante lo que consideraba la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas, y los sucesivos inquilinos de la Casa Blanca dejaron esos dos capítulos en el congelador para tener la fiesta en paz.
Pero Trump no. Trump, o mejor dicho, sus asesores, han perdido la paciencia con la dictadura cubana, cerebro en la sombra de lo que ocurre en Venezuela. Desaparecida la URSS, el régimen castrista se ha mantenido a flote en las dos últimas décadas gracias al petróleo que le regala el chavismo, y no está dispuesto a permitir que eso cambie. Por eso Washington ha decidido apretarle las tuercas imponiendo restricciones a los viajes a Cuba, limitando el envío de remesas y activando esos dos títulos de la Ley Helms-Burton que tanto atemorizan a las empresas que han invertido en la Isla.
La cadena Meliá se ha apresurado a asegurar que "opera legítimamente en Cuba" y que "no es propietaria de bienes que pudieran ser de potencial reclamación tras su expropiación en la década de 1960". Su papel, añade, es el de "meros gestores hoteleros".
Es cierto que el Estado cubano es el dueño formal de las instalaciones, y que los empresarios españoles las gestionan mediante contratos o como parte de compañías mixtas (la mayoría controladas por las Fuerzas Armadas). Pero los hoteleros no pueden esgrimir el "a mí que me registren". Porque, de hecho, se han aprovechado de esas propiedades para sacar grandes beneficios. Sobre todo Meliá e Iberostar, que hoy concentran, respectivamente, 27 y 19 hoteles, el 70% de los establecimientos en manos de capital español.
Sabían desde el primer momento (y ya va para tres décadas) que los problemas legales surgirían antes o después, y se arriesgaron. Otros muchos no lo hicieron. Pero ellos sí. Se sobrepusieron a los escrúpulos y abrieron hoteles sujetos al apartheid castrista: todos los huéspedes eran bienvenidos menos los cubanos, que no podían alojarse. Así hasta 2008, cuando Raúl Castro derogó la restricción, oliendo los dólares de los cubanos de Miami.
En el paquete también iba incluida la explotación de los trabajadores, privados de derechos sindicales y de la mayor parte del salario, mediante el cambio tramposo de moneda: las empresas extranjeras pagan al Estado los sueldos en dólares, y el empleado los recibe en moneda local y considerablemente disminuidos (el Estado se queda hasta con el 95%). Algo difícil de vender en los folletos de responsabilidad social corporativa.
Los audaces emprendedores españoles también han tenido que contemporizar con la fea costumbre del régimen de espiar a los huéspedes. La Seguridad cubana ha convertido los hoteles en platós de Gran Hermano, colocando micrófonos y cámaras en las habitaciones y llenándolos de infiltrados y soplones. Los archivos del Estado acumulan expedientes con las intimidades de visitantes ilustres, incluso de amigos del régimen, siempre desconfiado.
Como ha recordado en varias oportunidades el escritor cubano Carlos Alberto Montaner, de todo ello podrían derivarse consecuencias penales. La batalla comienza ahora. Los hoteleros contratan bufetes de abogados y Federica Mogherini amenaza con rayos y centellas. El Gobierno español y la Unión Europea cumplen con su papel defendiendo los intereses económicos de sus empresas, sobre todo si hay discrepancias legales. Pero no perdamos de vista la moraleja: asociarse a una dictadura tiene sus inconvenientes.
MAITE RICO, MADRID, ABRIL 2019
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