El Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, continúa siendo una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI del continente.
Al menos 67 asesinatos en contra de la población LGBTI se han registrado en 2019 en la región norte de Centroamérica. La cifra ya superó en seis casos los crímenes cometidos el año anterior, según un recuento de organizaciones defensoras de derechos humanos.
De acuerdo al reporte, Honduras aparece a la cabeza de la lista con 34 casos de crímenes de odio, seguido de Guatemala con 24 casos y El Salvador con nueve. Sólo han sido judicializados dos de estos asesinatos en El Salvador: el de Camila Díaz y el de Anahí Miranda.
En Honduras la cifra aumentó un 36 por ciento en relación a 2018, que fue de 25 casos. La mayoría de los crímenes fueron cometidos en contra de hombres gays con 19 casos; nueve mujeres trans y seis lesbianas murieron de manera violenta, según la organización Cattrachas.
Mientras tanto, en Guatemala los asesinatos de la población LGBTI subieron al menos un 60 por ciento frente a los registrados el año pasado, cuando se reportaron 15 casos.
El observatorio de la Red Nacional de Diversidad Sexual – REDNADS – en Guatemala, señala que de los 24 casos, 10 corresponden a hombres gays; seis mujeres trans; tres lesbianas y cinco casos que no se han determinado su identidad de género.
El Salvador es el único país que reportó una reducción del 35,7 por ciento, en 2019 se registraron nueve casos, de los cuales ocho corresponden a mujeres trans y un caso a un hombre gay. El año pasado se reportaron 14.
La zona norte de la región centroamericana comparte características similares, entre ellas, sus poblaciones son profundamente conservadoras y religiosas, reportan altos índices de violencia, homicidios, atribuidos a las pandillas, narcotraficantes y cuerpos de seguridad del Estado.
Gays y lesbianas, las víctimas más afectadas en Guatemala
Según información compartida a este medio de parte de la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, las denuncias asentadas en las instituciones del Estado de violencia en contra de las personas LGBTIQ+ son limitadas. De enero a agosto de 2019 la PDH recibió solamente 15 denuncias por violencia contra personas LGBTIQ+ en ese país. Según la percepción de esta Defensoría, esto se debe a la desconfianza generalizada hacia el sistema de justicia. En las personas LGBTI se agrava, debido a las cargas de estigma y discriminación asociadas al tema, que se refleja en la atención y prestación de servicios.
El sistema de información en donde se registran los casos de violencia denunciados en las distintas Oficinas de Atención a la Víctima a nivel nacional, solo refleja del 1 de enero del 2019 al 23 de septiembre del 2019, cinco casos de violencia contra lesbianas gays y bisexuales. Al hacer una solicitud de información actualizada, aumentó solamente a dos casos donde no aparecen personas trans. Queda en evidencia que hay poca cultura de denuncia por la poca credibilidad en el sistema de justicia o porque sus denuncias no fueron escuchadas y fueron víctimas de crímenes de odio.
Para Carlos Romero Prieto, secretario de REDNAS, la simbología que se utilizó en los cuerpos asesinados denota un alto nivel de odio hacia lxs disidentes. La mayoría de víctimas fueron marcadas con mensajes de rechazo hacia su identidad de género y orientación sexual.
“Hay un patrón de naturalización hacia la violencia. La gente cree que es legitimo y bueno violentarnos y por supuesto es un patrón en toda la región. Y eso acentúa la vulnerabilidad”, señaló Romero.
En 2019, las brechas para la comunidad LGBTIQ+ en Guatemala han sido grandes pero en relación con el 2018 las organizaciones de sociedad civil perciben una población más visible e informada. Y por primera vez este año resultaron electos dos diputados gays: Aldo Dávila y José Hernández.
Pero las organizaciones en Guatemala están preocupadas. Por un lado, por el ascenso del próximo presidente Alejandro Giammattei, ya que creen que su discurso conservador puede incrementar los ataques y crímenes de odio.
Giammattei fue acusado por la extinta Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG) por el delito de ejecuciones extralegales de reos en el penal Pavón. Encarcelado en 2010 y absuelto por un juzgado que adujo falta de pruebas, su caso ya fue cerrado.
Durante su campaña electoral, Giammattei afirmó estar en desacuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Su partido Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS) gobernará hasta 2024 e impulsa el fortalecimiento de las fuerzas armadas y la aprobación de la pena de muerte.
Por otro lado, el 29 de abril ya figuraba dentro de la agenda legislativa de Guatemala la tercera lectura para aprobar la propuesta 5272 “Ley por la vida y la familia” que prohíbe hablar de derechos sexuales y reproductivos, aumentar penas carcelarias por aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, hablar y promocionar sobre diversidad sexual en instituciones estatales, establecimientos educativos públicos y privados, pero dicha iniciativa no alcanzó quorum en el Congreso y queda en suspenso para el año próximo.
Honduras concentra la mayoría de crímenes por odio
El Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGBTI en Honduras, de la Red Lésbica Cattrachas, registró en los últimos diez años 317 crímenes por odio, de los cuales el 92 por ciento están impunes, de los casos registrados, 180 son hombres gays, 37 lesbianas y 100 personas trans.
“En nuestro observatorio de muertes violentas de personas LGBTI siempre hemos observado que hay años especialmente violentos. Este año hay un gran repunte de muertes violentas de personas LGBTI en el país, pero también una violencia que ha crecido mucho en Honduras”, dijo a Presentes Indyra Mendoza, directora de la organización Cattrachas.
De acuerdo al estudio Mundial sobre el Homicidio de 2019, publicado en julio 2019 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), señala que Honduras tiene una tasa de 42 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo.
En julio la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) condenó las muertes violentas de personas de la población LGBTI en 2019. El organismo internacional lamentó que solo en el mes julio fueron asesinadas tres personas trans y una bisexual.
El actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández ganó la reelección presidencial en 2017 de la mano del derechista partido de nacional de Honduras, que se se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueven la lectura de la biblia en las escuelas.
La crisis política provocó un éxodo masivo de personas que buscaban llegar a Estados Unidos. Desde octubre de 2018 cientos de hondureños se unieron a las llamadas “Caravanas”, que provocaron una de las mayores crisis migratorias en la frontera sur de Estados Unidos. A esos grupos se unieron personas LGBTI que huían de la violencia, la discriminación y la pobreza.
Roxana Hernández, mujer trans de 33 años que se unió a las caravanas migrantes, murió en mayo de 2018 en custodia del servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).
“Es importante denotar que para nosotros todo esto tiene que ver con una política publica que no existe. Una política publica que esta encaminada a disminuir las muertes de narcotráfico, de crimen organizado como maras, pandillas, pero nada que tiene que ver relacionado a la promoción del odio, desprecio y discriminación, ni a las mujeres por el aumento que ha habido de feminicidios, ni a las personas LGBTI”, expresó Mendoza.
Junio y julio fueron los meses más violentos de 2019. Cattrachas registró en 2018 al menos 25 crímenes cometidos por odio, de estos 16 corresponden a hombres gais; 5 mujeres trans y 4 lesbianas.
El Salvador: violencias contra las mujeres trans
El tercer país que conforma el Triángulo Norte registra al 30 de diciembre el asesinato de nueve personas LGBTI, ocho corresponden a mujeres trans y uno a un hombre gay. Respecto al año anterior los crímenes se redujeron en un 57 por ciento. Octubre y noviembre fueron los meses más violentos para la población trans.
De acuerdo a la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans, en 2018 asesinaron a 14 mujeres trans. Ninguno de estos casos ha sido judicializado.
Para Mónica Linares, directora de ASPIDH, la disminución de los crímenes en contra de puede ser por causa de la migración forzada de población LGBTI.
“Los últimos meses fueron los mas violentos, muchas personas LGBTI han migrado fuera de El Salvador y por eso precisamente no tenemos más muertes registradas”, dijo Linares a Presentes.
El informe sobre desplazamiento humano realizado por la Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans en El Salvador-COMCAVIS TRANS-, las pandillas son los mayores atacantes de la población LGBTI. Así lo indica un 79 por ciento de las denuncias documentadas entre marzo y diciembre de 2018.
COMCAVIS registró entre marzo y diciembre de 2018 el desplazamiento forzado interno de 102 personas LGBTI. El 78 por ciento de ellas son mujeres trans. Las personas entrevistadas denunciaron las amenazas, pero la fiscalía no investigó los casos. También señala que desde 2014 a la fecha (noviembre de 2019) 116 mujeres trans han salido de El Salvador en busca de asilo humanitario en diferentes países.
El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el código penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.
Estado salvadoreño de espaldas a población LGBTI
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad. Para ASPIDH la falta de políticas públicas podría poner en más riesgo a la población LGBTI.
“Hay falta de interés del Estado en garantizar los derechos humanos de la población LGBTI que se encuentran en vulnerabilidad. Ni siquiera existe una ley de identidad para personas trans y eso dificulta el acceso a los servicios de esta población”, recalcó Linares.
Bukele que gobernará por los próximos cinco años, resultó electo en las pasadas elecciones con el derechista partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Durante la campaña electoral manifestó estar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y en contra del aborto.
El Salvador no cuenta con una ley de identidad de género que permita, entre otras cosas, contar con estadísticas oficiales de los crímenes cometidos en contra de la población LGBTI.
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