Organizaciones internacionales en favor de los derechos humanos, así como Naciones Unidas, han cuestionado las condiciones a las que Cuba somete a los médicos que envía al extranjero, cuyo número aumentó los últimos meses ante la necesidad de algunos países de personal sanitario por la emergencia del Covid-19.
La ONU ha llegado a afirmar que las condiciones laborales son muchas veces «explotadoras» y podrían suponer «trabajo forzoso». La organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido a los gobiernos que solicitan médicos cubanos que presionen a La Habana para exigir mayores libertades para quienes participan en esas misiones.
Cuba ha enviado cerca de 1.500 profesionales médicos al extranjero con motivo de la pandemia de coronavirus. Casi la mitad, 600, fueron destinados a países del Caribe; 460 viajaron a África (217 de ellos a Sudáfrica), y 350 lo hicieron a Europa y Oriente Medio.
En el caso europeo, los gobiernos de Italia y de Andorra fueron los únicos que solicitaron esa ayuda. A Italia acudieron 90 sanitarios y 39 al pequeño país pirenaico, dos de los cuales, con familiares en España, decidieron no regresar a la isla cuando su misión acabó el pasado 1 de julio, desafiando así a las autoridades de La Habana.
Países cómplices de violaciones
En un mensaje que diríase especialmente dirigido a Roma y a cualquier gobierno occidental que baraje pedir los servicios de misiones médicas cubanas ante nuevos brotes del Covid-19, Human Rights Watch reclama que se presione al régimen castrista en favor de los derechos a la privacidad, la libertad, la libertad de expresión y asociación y el libre movimiento del personal médico cubano que salga de la isla.
«Los médicos cubanos enviados a responder a la pandemia de Covid-19 ofrecen valiosos servicios a numerosas comunidades, pero a costa de sus libertades más básicas», ha denunciado José Miguel Vivanco, director de HRW para Latinoamérica. «Los gobiernos interesados en recibir la asistencia de médicos cubanos deben exigirle al gobierno de Cuba que reforme su orwelliano sistema, que regula con quiénes los médicos pueden vivir, hablar o incluso mantener una relación sentimental», sostiene Vivanco. Y advierte que «los gobiernos que acepten asistencia cubana que incluya condiciones abusivas impuestas por Cuba podrían convertirse en cómplices de graves violaciones de derechos humanos».
Sostén económico para el régimen
La situación no es nueva. Desde que en 1963 comenzaron las misiones médicas cubanas en el exterior, varios cientos de miles de profesionales sanitarios han participado en ellas. De acuerdo con las estadísticas de la isla, entre 2015 y 2018 hubo en esos programas unos 50.000 cubanos, en 68 países. A comienzos de 2020, antes de la actual pandemia, la cifra se había reducido a 28.729, en gran medida por la «expulsión» del personal cubano en varios países a raíz de la caída de gobiernos especialmente simpatizantes con La Habana: de Brasil salieron 8.471 médicos y enfermeros, 725 de Bolivia y 382 de Ecuador.
Parte de los médicos aprovecha la situación para huir, a pesar de las represalias que puede haber contra sus familiares en la isla. Entre 2006 y 2017, unos 8.000 médicos se acogieron a un programa de Estados Unidos que facilitaba su acogida en ese país; entre el 10% y el 20% de los destinados a Brasil no regresaron a Cuba cuando Brasilia canceló la misión.
Estas misiones constituyen un importante sostén para la economía cubana. Según indicó a Euronews la investigadora del Cidob Anna Ayuso, los ingresos que recibe Cuba por esa actividad constituyen el 46% de las exportaciones y el 6% del PIB. Se trata de una contribución mayor que la aportada normalmente por el turismo y solo por debajo de la derivada de la refinación del crudo que le regala Venezuela.
Vigilados por funcionarios cubanos
En noviembre de 2019, la relatoría especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y también la especializada sobre la trata de personas expresaron en un documento conjunto su preocupación por la situación de los participantes en las misiones médicas cubanas. En su informe, hacían referencia a testimonios de personal médico que denunciaban presiones del Gobierno cubano para formar parte de las misiones, por más que estas en principio son voluntarias. También alegaron que no recibían un contrato de trabajo o no tenían siquiera acceso a una copia y que su libertad de movimientos quedaba «restringida y bajo vigilancia por funcionarios el Gobierno» de La Habana.
El informe también hablaba de límites del derecho a la privacidad «por el control y seguimiento efectuado a los médicos, incluyendo la comunicación y las relaciones sostenidas con personas nacionales y extranjeras durante las misiones de internacionalización».
Del 75% al 90% del salario
Otro elemento es la explotación económica. Según el informe de la ONU, en los países donde el Gobierno anfitrión paga directamente al trabajador cubano, este debe devolver al Gobierno de Cuba un porcentaje de su salario que va del 75% al 90%. «En muchos casos, el salario entregado a los trabajadores médicos no permitiría vivir dignamente; además, el Gobierno de Cuba estaría “congelando” una parte del salario que los médicos pueden acceder únicamente tras su regreso al país, pero según la información recibida muchas veces no reciben la totalidad del monto que les corresponde».
«Muchos profesionales reportaron recibir amenazas regulares por parte de funcionarios estatales de Cuba en los países de destino y mujeres médicas han sufrido acoso sexual mientras se encontraban participando en misiones de internacionalización».
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