Para los que hemos vivido o trabajado en América Latina, las tentaciones autoritarias y los desplantes fotográficos de Donald Trump, de pronto, se ven familiares. De hecho, los periodistas latinoamericanos estamos bien entrenados para lidiar con alguien como el actual presidente de Estados Unidos. Nos ha tocado ver una larga lista de líderes que abusan de su poder y utilizan a los soldados para su propio beneficio.
La democracia en Estados Unidos está a prueba. El presidente se preguntó en un tuit si se deberían retrasar las elecciones presidenciales de noviembre por un supuesto fraude en la votación por correo. Por principio, no hay ningún fraude y Trump no puede tomar una responsabilidad que es del Congreso. Trump va perdiendo en todas las encuestas y retrasar las elecciones significaría que él se quedaría más tiempo del estipulado en la presidencia, como muchos líderes autoritarios han hecho en el pasado en América Latina.
Además de la preocupación de que extienda su permanencia en el poder, inquieta el envío por parte de su gobierno de agentes federales a Portland, Oregón, para contrarrestar las protestas de los últimos dos meses. La mayoría de los 2000 agentes movilizados forma parte de un grupo élite de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Pero líderes locales creen que su presencia es contraproducente y solo aumenta las tensiones con los manifestantes que reclaman, precisamente, el abuso policial y la desigualdad racial. “Esto es un ataque a nuestra democracia”, dijo el alcalde de Portland, Ted Wheeler.
La demanda presentada por la procuradora general de Oregón contra el Departamento de Seguridad Interna, el Servicio de Alguaciles, el Servicio de Protección Federal y la Patrulla Fronteriza describe imágenes que me recuerdan las prácticas más tenebrosas de los sistemas totalitarios en América Latina. El documento dice que agentes federales “han usado vehículos sin identificar para circular por el centro de Portland, han detenido a manifestantes y los han puesto en vehículos sin identificar, sacándolos de lugares públicos sin arrestarlos o establecer una razón para su detención”.
Este tipo de abuso contra civiles lo había escuchado de agentes de la seguridad del Estado en Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero no de operativos en Estados Unidos.
A menos de cien días de las elecciones presidenciales, Trump ha amenazado con enviar a agentes federales a otras ciudades, como Albuquerque y Chicago, que tienen alcaldes del Partido Demócrata y que, de acuerdo al presidente, enfrentan problemas de criminalidad. No es ningún secreto que, detrás de su mensaje de “ley y orden”, está su explícito deseo de reelegirse. Son votos a través del uso de la fuerza.
Esto no es nuevo. En junio, días después que se reveló que Trump fue llevado a un búnker de la Casa Blanca, miembros de la Guardia Nacional y de la policía dispersaron con balas de goma y gases irritantes a cientos de manifestantes pacíficos de la plaza Lafayette. Y todo para que el presidente pudiera cruzar el parque y tomarse una fotografía con la biblia en la mano frente a la iglesia de St. John.
El general Mark Milley, el militar de más alto rango en el país y jefe del Estado Mayor Conjunto, reconoció en un inusual discurso que se equivocó al acompañar al presidente Trump en esa caminata. “No debí haber estado ahí”, dijo en un video, “mi presencia […] creó la percepción que los militares están involucrados en política doméstica”.
Sacar al ejército para que actúe como policía dentro de Estados Unidos no es común. Hay que remontarse a una ley de 1807, llamada The Insurrection Act. Y hasta el mismo secretario de Defensa, Mark Esper, contradiciendo al presidente, dijo que esa opción militar solo debe utilizarse “como último recurso” y que “no estamos en esa situación ahora mismo”.
A pesar de eso, 1600 soldados en activo de Fort Bragg en Carolina del Norte y Fort Drum de Nueva York fueron enviados a las afueras de Washington D.C., según reportó The New York Times. Ellos, finalmente, nunca fueron utilizados para controlar las manifestaciones. Pero unos 5000 miembros de la Guardia Nacional sí llegaron de varios estados a proteger la capital.
Todo esto generó un enorme malestar. “Tenemos a los militares para pelear contra nuestros enemigos”, dijo el almirante retirado Mike Mullen en una entrevista, “no para pelear con nuestra propia gente”.
Lo que hizo Trump es muy inusual y destruye cualquier vestigio del “excepcionalismo estadounidense”. En cambio, lo hemos visto antes en América Latina. Algunos mandatarios de la región han sacado a soldados y a agentes federales a las calles para imponer su voluntad y atacar a sus propios ciudadanos u opositores. Y los resultados han sido desastrosos.
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, utiliza a sus militares para matar, reprimir y mantenerse en el poder. Amnistía Internacional denunció que el año pasado “la policía y el ejército continuaron haciendo uso de fuerza excesiva y, en algunos casos, intencionadamente letal contra manifestantes”. Mucho antes, durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez, los militares venezolanos fueron responsables de al menos 276 muertes, según cifras oficiales, en el llamado Caracazo.
Las dictaduras militares en Argentina y Chile fueron particularmente violentas y crueles con los civiles opositores en las décadas de los setenta y ochenta. En México, el ejército asesinó a decenas y quizás cientos de estudiantes en la masacre de Tlatelolco en 1968. Y, en Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó que los militares fueron responsables del 85 por ciento de las violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia entre 1962 y 1996. A pesar de que la gran mayoría de los países latinoamericanos son hoy democracias funcionales, hay una larga y triste historia de militares utilizados por razones ideológicas o partidistas.
La tan criticada decisión de Trump de enviar a agentes federales a otras ciudades y su tuitera idea de retrasar las elecciones presentan ahora un serio desafío para la democracia estadounidense. Pero para que la nación no caiga en esa “predisposición fundamental” para “limitar la libertad individual”, como lo describe la profesora Karen Stenner en su libro The Authoritarian Dynamic, es preciso una prensa vigilante, una mayoría bien informada y sin prejuicios, un ejército profesional y apartidista y la absoluta independencia del Congreso y la Corte Suprema de Justicia.
Al final, estoy convencido, Estados Unidos sobrevivirá las tentaciones autoritarias de Trump. Es, quizás, mi optimismo de inmigrante. Este todavía es un país mucho más fuerte que cualquier individuo con falsos sueños de grandeza.
Jorge Ramos es periodista, conductor de los programas Noticiero Univisión y Al punto, y autor del libro Stranger: El desafío de un inmigrante latino en la era de Trump.
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