“Este es uno de los periodos más oscuros en respeto de los Derechos Humanos en Hungría desde la caída el régimen comunista”, explica Viktória Radványi, activista y portavoz de la organización Pride Budaspest. Atiende a cuartopoder por mail desde una ciudad en confinamiento y con un país que ha pasado toda la segunda ola, casi desde el verano, cerrado al exterior. Cuando le preguntamos por las movilizaciones nos recuerda que en Hungría “no se puede salir a protestar” por las restricciones sanitarias.
Radványi, que ha tenido una actividad frenética los últimos meses denunciando ante la comunidad internacional los incidentes homófobos o tránsfobos Budapest, recuerda que apenas el pasado de octubre el primer ministro Víktor Orbán declaraba en la radio pública que “los húngaros han sido pacientes con los homosexuales hasta ahora, pero dejen a nuestros niños en paz” y una diputada de extrema derecha destruía ante las cámaras en plena rueda de prensa un libro de cuentos editado por una asociación lésbica.
Todo esto sucedía mientras Orbán se alineaba junto a Polonia para bloquear el Presupuesto Europeo 2021-27, el de los fondos de recuperación de la crisis de la covid-19 y que los países del oeste de la UE, con Francia a la cabeza, querían vincular al respeto por el Estado de Derecho. Sin ningún disimulo, los gobiernos de los partidos Ley y Justicia en Polonia y Fidesz en Hungría lo asumieron como una injerencia en sus recortes en independencia judicial, derechos de las mujeres, las personas trans u otras minorías.
El mismo Orbán firmaba en noviembre una reforma de la ley electoral que en la práctica dificulta que los partidos de la oposición se alíen en su contra si no logra mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias de 2022. Una decisión influida por la derrota de su partido en las municipales hace apenas un año, que le hizo perder Budapest y varias de las grandes ciudades del país.
El 11 de diciembre se cerraba un acuerdo mediado por la canciller alemana Angela Merkel en el que se desbloqueaba el veto húngaro y polaco a cambio de rebajar la exigencia del respeto al Estado de Derecho hasta, en la práctica, volverlo inexistente. Apenas cuatro días después, Orbán aprobaba en el parlamento húngaro la ley que, también en la práctica, prohíbe adoptar a las parejas del mismo sexo húngaras.
Chivos expiatorios para el populismo dentro de la UE
Luca Dudits, portavoz de Hátter, la organización LGTBI más antigua y numerosa de Hungría, atiende a cuartopoder por teléfono para afirmar que “no se trata exactamente de Orbán, o no solo de Orbán. Es un juego político en el que a veces el Fidesz es presionado por sectores sociales con una agenda política más ultraderechista que la suya y en la que se van creando enemigos: mujeres, gitanos, refugiados… ahora es nuestro turno, el de la comunidad LGTBI”.
En general considera con que el gobierno de Fidesz y sobre todo desde 2014 “está retrocediendo derechos que los húngaros creíamos que ya no podíamos perder por estar dentro de la UE”. Si en la crisis de los refugiados de 2015 empezó el giro autoritario “Orbán luego empezó su campaña contra George Soros y luego mimetizó el discurso de Donald Trump”. En los últimos meses “el discurso público ha vuelto a relacionar a las personas homosexuales o trans con la pedofilia”.
En abril de este año, durante el primer confinamiento, el parlamento húngaro aprobó una reforma legal que obliga a que el género registrado al nacer tenga que aparecer reflejado en cualquier documento oficial que tramite una persona. En la práctica, aunque el registro civil permita el cambio, impide a las personas identificarse con el género elegido. Este cambio legal provocó que personas como la conocida activista trans húngara Ivett ördög decidiesen mudarse a Alemania.
Los cambios legales de Fidesz, señalan las activistas, se realizan de manera que se evita mencionar explícitamente la discriminación por motivos, por ejemplo, de orientación sexual, pero recortan derechos igualmente. En 2014 se redefinió el matrimonio como exclusivamente entre hombre y mujer y a partir de ahí, recuerda Viktória Radványi, de Pride Budapest, “las leyes se hacían mencionando explícitamente el matrimonio y no las uniones civiles, que eran las reservadas a parejas del mismo sexo, dejándolas fuera”.
La reforma del pasado 15 de diciembre aprovecha el vacío legal de distinguir la fórmula legal para diferentes tipos de parejas y restringe la adopción a las heterosexuales, eliminando un derecho que en el país magiar existía desde 2010. Una enmienda consagra en la Constitución que “la madre es una mujer, el padre es un hombre”. Además la normativa deja las decisiones de gestión sobre el particular en manos de la ministra de Familias, Katalin Novák, señalada por las ONGs de Derechos Humanos como la miembro “más homófoba” del actual gobierno.
“Sospechamos que Orbán intenta recuperar los votos que perdió en los últimos seis meses por su imprudente actitud ante la crisis de la covid-19”, opina Radványi. La popularidad del primer ministro disminuyó ha caído casi un 8% agosto. “No le importan las personas LGTBI, los derechos humanos o el estado de derecho. Su prioridad es desviar la atención del público sobre cuántos húngaros murieron debido a la falta de personal médico”.
Populismo y corrupción en Centroeuropa
Edit Zgut, analista de Relaciones Internacionales de la Universidad de Varsovia, señala que estamos ante “el inicio de una campaña a un año y medio de las elecciones parlamentarias” de 2022 y que en Fidesz existe una “ansiedad” por los resultados de las municipales de 2019 y los efectos que pueda tener la gestión de la pandemia en las urnas. “Orbán ha decidido explotar electoralmente la identidad de los valores conservadores, y usará cualquier estereotipo que detecte en la sociedad húngara”, advierte la experta.
Que estas reformas no responden a convicciones verdaderamente conservadoras es evidente para Zgut en que “ha copiado de Polonia el discurso antiLGTBI, pero no el discurso antiaborto”. Desde Fidesz “están midiendo con encuestas semanales la temperatura de su electorado y saben que la sociedad húngara sigue siendo proaborto”.
Para la analista polaca lo más preocupante es que la reforma legal ha incluido “crear fundaciones especiales a través de las cuales el gobierno podrá canalizar fondos públicos”. Esta enmienda “ha cambiado la definición de fondos públicos y hará aún más difícil detectar la corrupción del Estado.
Precisamente mientras Orbán hacía estas reformas en Hungría y se debatía el presupuesto comunitario, el Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo debatía e incluía en la nueva Política Agraria Común (PAC) las llamadas “leyes antioligarcas”, una propuesta surgida del ODS, partido conservador checo, irónicamente compañero de Fidesz en el Partido Popular Europeo (PPE)– para evitar financiar a los grandes empresarios aliados de los partidos populistas de Europa Central.
Dichas normas están pensadas para el actual primer ministro checo, el igualmente populista Andrej Babis, el “Berlusconi checo”, célebre por otorgar 2 millones de euros de ayudas europeas a una empresa del grupo Agrofert, de su propiedad, cuando era ministro de Finanzas. Pero también apuntan a los llamados “millonarios de Orbán”. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha abierto hasta 60 expedientes a Hungría por sospechas fundadas de corrupción en el uso de los fondos europeos. A Lornic Meszaros y Sandor Csanyi, empresarios cercanos Fidesz, que controlan varios medios de comunicación afines, se les calculan 25 millones anuales de ayudas directas agrarias de la UE.
Esperando a la UE y con la prohibición de protestar
Cuando preguntamos a las activistas húngaras que se puede hacer, Radványi nos recuerda que “actualmente todas las manifestaciones están prohibidas debido a la pandemia” y que Orbán propuso sus dos iniciativas antiLGTBI en 2020 cuando se prohibieron las manifestaciones: en abril-mayo la reforma contra las personas trans y en la segunda ola la reforma de la adopción y la inclusión de "valores cristianos obligatorios" en la Constitución.
Las organizaciones húngaras se dirigen ahora a su propio Tribunal Constitucional –que desde 2010 ha fallado varias veces a favor del colectivo trans, aunque Fidesz ha ido sustituyendo jueces liberales por otros afines en este tiempo– y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.
“En Hungría los derechos pueden cambiar en cualquier momento, Orbán puede cambiar la Constitución cuando quiera porque gracias a su anterior modificación de la ley electoral tiene el 66% del parlamento a pesar de que solo recibió el 49% del voto”, señalan desde Pride Budapest. “La gente vive con el temor constante de que la despojen de sus derechos”. La prohibición del reconocimiento legal de género fue propuesta y aceptada en cuatro semanas. La prohibición de la adopción por personas del mismo sexo y la inclusión de los valores cristianos en la Constitución fue propuesta y aceptada en tres semanas. “Vivimos en una inseguridad jurídica total”, sentencia Radványi.
Además “lo que hemos experimentado en los últimos 2 años es que las personas LGTBI húngaras no pueden contar con la UE”. Pride Budapest, Hátter o Amnistía Internacional han enviado numerosos informes a la oficina de la Comisaria para Igualdad desde 2018 “y solo hemos recibido expresiones de solidaridad”. Pero, nos escribe Radványi, “la UE no pareció molestarse particularmente cuando la policía húngara no protegió los eventos LGTBI en Budapest de los radicales de extrema derecha, cuando la televisión pública hizo propaganda de las terapias de reorientación sexual, cuando el presidente de parlamento László Kövér comparó la adopción de padres del mismo sexo con pedófilos…”.
Ahora el recién elegido primer ministro de la tradicionalmente liberal Eslovenia, Janez Jansa, ha expresado públicamente su admiración hacia Orbán, y las organizaciones LGTBI ya se han puesto en contacto con sus homólogas húngaras y polacas para prepararse ante posibles medidas similares a las que sufren sus vecinos.
Luca Dudits, al teléfono, es más optimista que Radványi, y nos explica la táctica que defiende Hátter: “no hay que esconderse ni renunciar al espacio público o la calle. Debemos dar la batalla desde la opinión pública, siendo abiertos con nuestra identidad y demostrando que toda la propaganda está basada en mentiras. Hungría no era un país homófobo hace 10 años y no tiene por qué serlo ahora”.
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