El periódico estadounidense The Washington Post cuestionó los procesos judiciales que ejecuta el régimen en contra de los manifestantes del 11J

By Editorial Board

El 11 de julio de 2021, miles de cubanos inundaron las calles de la isla para protestar contra la represión política y la miseria económica. Inspirador fue, el levantamiento, casi sin precedentes en los 62 años de historia del comunismo cubano, no pudo resistir la feroz represión que lanzó el régimen, una vez que los funcionarios superaron su asombro inicial. El régimen desplegó tropas, policías y matones vestidos de civil una vez más en noviembre para sofocar un intento de la oposición de realizar más marchas. Y ahora, en procedimientos judiciales estrictamente controlados en toda Cuba, el régimen está organizando lo que pretende ser el episodio final del drama que comenzó el 11 de julio: juicios para cientos de personas acusadas de supuestos delitos, a menudo punibles con largas penas de prisión.

 

Las autoridades cubanas detuvieron a 1.377 personas tras el 11 de julio, de las cuales 727 permanecen bajo custodia, según Cubalex, una organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos. Desde el 13 de diciembre, se han completado más de 260 juicios, según el Departamento de Estado. Los juicios se comparan con la notoria Primavera Negra de Cuba, el período de cuatro días en marzo de 2003 durante el cual el régimen condenó a 75 disidentes cubanos a entre seis y 28 años cada uno por delitos políticos. (Debido en parte a la presión externa, Cuba liberó a los últimos prisioneros de la Primavera Negra en 2011, y la mayoría se exilió). Sin embargo, la Primavera Negra apuntó a activistas e intelectuales comprometidos a favor de la democracia. Quienes enfrentan prisión hoy en día son básicamente personas comunes de clase trabajadora, muchos bastante jóvenes, cinco de ellos menores de 16 o 17 años.

 

Esto está en consonancia con la espontaneidad de los hechos del 11 de julio, que surgieron de la desesperación de los barrios más pobres de Cuba, desproporcionadamente poblados por negros. Un padre cubano , Emilio Román, le dijo a The Post que sus dos hijos, Emiyoslan, de 18 años, y Yosney Emilio, de 25, se unieron a las protestas de improviso, y ahora enfrentan hasta 15 y 20 años, respectivamente, por sedición. La hija de 24 años del Sr. Román también está a la espera de juicio.

 

A través de arrestos generales y sentencias severas, el gobierno claramente busca intimidar y, por lo tanto, silenciar al segmento más amplio posible de su población. Al hacerlo en juicios cuyos resultados están esencialmente predeterminados, el gobierno espera cubrir su política con una pátina de legalidad. Sin embargo, como las organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado con frecuencia, los acusados ​​cubanos carecen de las protecciones básicas del debido proceso , comenzando por el hecho de que los delitos de los que se acusa a muchos incluyen ofensas imprecisas como “desacato”.

 

El régimen de La Habana realmente no está engañando a nadie con los procedimientos falsos. Si está asustando a alguien, por supuesto, es una pregunta diferente y crucial, ya que lo que hizo que el 11 de julio fuera tan notable fue que mostró cuántos cubanos comunes estaban comenzando a despojarse de su miedo al gobierno frente a una necesidad abrumadora. Sin duda, la respuesta es probablemente menos esperanzadora, pero no del todo desesperada. El mero hecho de que algunas familias de detenidos estén dispuestas a contar sus historias a los medios de comunicación internacionales es alentador. Ahora es más evidente que nunca que los comunistas de Cuba gobiernan por la fuerza en lugar del consentimiento. Y no pueden encarcelar a todos.

 

   Casi medio centenar de manifestantes del 11J, a juicio esta semana en Cuba

Un líder opositor y su hija, una pareja de hermanos, un joven músico y estudiante de arte y dos menores de 20 años están entre los manifestantes del 11J a quienes el régimen cubano llevará a los tribunales entre el lunes 24 y el viernes 28 de enero, en la continuación de los juicios que tienen lugar desde 2021 en casi todas las provincias cubanas.

 

La Habana, Mayabeque y Matanzas serás las provincias donde tendrán lugar los procesos, que implican a 39 personas en total, acusadas de presuntos delitos de sedición, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y ultraje sexual, informó la plataforma Justicia 11J, que ha hecho un estrecho seguimiento de esos juicios, en su muro de Facebook.

 

El mismo lunes 24 comienza el proceso contra nueve personas acusadas en Jovellanos, Matanzas, de manifestarse el 11J. Entre ellos están Félix Navarro Rodríguez, de 68 años y líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, y su hija, la también activista Sayli Navarro Álvarez, de 35 años. La fiscal Idania Miranda Ferrer pide 15 y 11 años de prisión, respectivamente, para ellos.

 

En el mismo proceso, que tiene lugar en el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos, serán procesados Daymelin Abreu Rodríguez, de 20 (petición fiscal de siete años); Odrey Rodríguez Lanz, de 30 (11 años); Adrián Echegoyen Espiñeira, de 25 (siete años); Cristian Carlos Contreras Matos, de 24 (16 años); Yoandy Ripoll Smith, de 32 (16 años); Yanelys Rosabal Milanés, de 36; y Mildrey Mederos Soca, de 44. Sobre estas dos últimas pesan peticiones de nueve años de prisión.

 

También desde el lunes el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en La Habana, juzgará por el supuesto delito de sedición a 21 personas.

 

De ese grupo, 11 apenas pasan de los 20 años, y tres son mujeres. Esta causa, una de las más nutridas presentadas en los juicios por el 11J, pretenden castigar a personas presuntamente participantes en enfrentamientos con la Policía en ese municipio capitalino.

 

Destacan las duras penas que exige el fiscal del caso, Gustavo José Mayo González, que con excepción de uno de los enjuiciados son de 20 años o más. Aquí destaca Alejaime Lambert Reyes, de 22 años, a quien pide más tiempo de cárcel (26) que los que ha vivido, y Elian Seguí Cruz y Lázaro Daniel Cremé Bueno, ambos de 21 años, que podrían estar encarcelados esa misma cantidad de tiempo. Otros nueve de este grupo podrían recibir 25 años de prisión.

 

El martes 25 de enero el Tribunal Municipal de Quivicán, Mayabeque, procesará a los hermanos Jorge Martín Perdomo, de 38 años, y Nadir Martín Perdomo, de 37. Estos podrían recibir diez y ocho años de cárcel, respectivamente, de acuerdo con la petición del fiscal Yerandy Calzadilla Dávalos.

 

Finalmente, el 26 de enero, en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, Mayabeque, serán juzgados siete acusados. Entre ellos está el joven de 23 años, músico y estudiante de arte Abel González Lescay, a quien la fiscal Daylet Fuentes Morales exige siete años de cárcel.

 

En este grupo están incluidos además dos menores de 20 años: Raul Xavier Díaz Pérez, de 17, y Livan Viel de la Peña, de 19, a quienes piden cinco y siete años de privación de libertad, respectivamente.

 

Justicia 11 denunció que en los juicios celebrados hasta ahora contra al menos 407 manifestantes se han identificado "operativos policiales en las sedes de los tribunales donde se realizan las audiencias y celebración a puertas cerradas de las mismas, en franca violación de las normas que rigen el proceso judicial".

 

"Lo anterior constituye una violación de las garantías del debido proceso, y atenta contra la transparencia de los actos judiciales. Las autoridades solo permiten la presencia en los juicios de un familiar por acusado", agregó la denuncia.

 

Justicia 11 remarcó "el rol y la responsabilidad de los fiscales y jueces en las violaciones del debido proceso contra estas personas" e hizo un llamado para que actúen con independencia e imparcialidad.

 

"Están a tiempo de garantizar justicia a más de un millar de personas que resultaron detenidas arbitrariamente y que son sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por ejercer su derecho a las protestas", subrayó el colectivo.

 

También Justicia 11J reiteró la exigencia de que el régimen cubano permita el acceso a los procesos judiciales de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e insistió en la campaña que con la etiqueta #UEenCubaMiraLasPrisiones pide a las representaciones diplomáticas europeas en la Isla atender la situación de los cientos de presos políticos en las cárceles del régimen.

 

Justicia 11 recordó que al menos cinco de los presos políticos cubanos continúan plantados en huelga de hambre: Luis Manuel Otero Alcántara, William Manuel Leyva Pupo, Yosvany Rosell García, Cruz García Domínguez y Chadrián Vila Sequin.

 

"De un total de 1.379 personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio, al menos 727 continúan en centros de reclusión, 71 de ellas son mujeres y 15 menores de 18 años. De las 613 personas que han sido excarceladas, muchas están en espera de juicio bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria", resumió el colectivo.

 

"Un total de 158 personas están siendo o han sido ya procesadas por cargos de sedición y 40 de sabotaje. De las 93 personas detenidas en relación con la Jornada Cívica por el Cambio del 15 de noviembre, continúan en detención nueve. Hemos confirmado la ejecución de dos juicios sumarios, una revocación de libertad, y seis personas permanecen pendientes a juicio", finalizó.

 

THE WASHINGTON POST