El caso de los papeles de Donald Trump ha entrado temporalmente en vía muerta. Los abogados del expresidente han logrado paralizar la investigación gracias a la decisión de una jueza federal, nombrada por el propio Trump, de nombrar un perito independiente que revise los documentos incautados en el registro de Mar-a-Lago antes de que el Departamento de Justicia y el FBI puedan seguir trabajando con los mismos en la investigación. La fiscalía ha recurrido con el objetivo de poder seguir examinando al menos el centenar de documentos confidenciales hallados. Lo contrario, alega provocaría un “daño irreparable” a la investigación.
El Departamento de Justicia suele mantener un perfil más bajo cuando se acercan unas elecciones. A menos de dos meses de las legislativas del 8 de noviembre, tampoco podrá, de momento seguir trabajando de forma discreta. En su orden, la jueza “prohíbe temporalmente al Gobierno revisar y utilizar los materiales incautados con fines de investigación hasta que se complete la revisión del maestro especial o se emita una nueva orden judicial”. El Gobierno puede continuar revisando y utilizando los documentos para fines de clasificación de inteligencia y evaluaciones de seguridad nacional, pero no para la investigación como tal.
En su decisión, la jueza Aileen Cannon se muestra consciente de que una decisión como la suya no es la habitual y de modo implícito admite un trato especial hacia Trump: “Basándose en la naturaleza de esta acción, los principios de equidad requieren que el tribunal considere el contexto específico en cuestión, y esa consideración está inherentemente impactada por la posición que anteriormente tenía el demandante”, en referencia a su anterior cargo como presidente.
Sin referirse explícitamente a este caso, el fiscal general, Merrichk Garland, responsable del Departamento de Justicia, advirtió este sábado en un acto en Nueva York de que el imperio de la ley o el Estado de Derecho es “frágil” y hay que cuidarlo: “El Estado de Derecho significa que la ley nos trata a todos por igual: No hay una norma para los amigos, otra para los enemigos; una norma para los poderosos, otra para los impotentes; una norma para los ricos, otra para los pobres”, señaló.
La jueza Aileen Cannon ha designado como perito especial al juez semiretirado de Nueva York Raymond J. Dearie, que fue propuesto por los abogados de Trump y aceptado por la Fiscalía. Su trabajo es comprobar si algunos de esos documentos están protegidos por el privilegio abogado-cliente o por el privilegio ejecutivo. El primero protege el secreto profesional que afecta a las relaciones entre un investigado y su abogado, en la medida en que puedan afectar al derecho de defensa. El segundo, se refiere a la capacidad del Poder Ejecutivo para negar en ciertos casos documentos a otros poderes del Estado, como el Legislativo o el Judicial, una alegación extraña parea alguien que ya no es parte de ese poder y para oponerla a quien ahora lo ostenta.
Será Trump el que corra con los gastos del perito especial y con el apoyo administrativo que necesite, pero sus trabajos de revisión de los más de 11.000 documentos puede llevar mucho tiempo. Por eso, el Departamento de Justicia recurrió ante la jueza para que al menos le permitiese seguir investigando el centenar de documentos incautados que están marcados como confidenciales. Esta se lo denegó, aunque ha hecho una pequeña concesión: ordena al perito que los revise primero y abre la puerta a reconsiderar más adelante su decisión. La fiscalía no lo considera suficiente y ha recurrido al tribunal superior.
“La jueza de distrito ha emitido una orden sin precedentes que prohíbe el uso por parte del Poder Ejecutivo de sus propios registros altamente clasificados en una investigación criminal con implicaciones directas para la seguridad nacional”, señala en su recurso ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, al que pide que “suspenda solo las partes de la orden que causan el daño más grave e inmediato al Gobierno y al público al restringir la revisión y el uso por parte del Gobierno de los registros que llevan marcas de clasificación y exigir al Gobierno que revele esos registros para un proceso de revisión especial”.
El Departamento de Justicia argumenta que los privilegios alegados por Trump no pueden aplicarse a los documentos clasificados. “El demandante no puede reclamar la devolución de esos registros, que pertenecen al gobierno y fueron incautados en un registro autorizado por el tribunal”, explica, añadiendo que son “centrales para la investigación en curso”.
Trump y sus abogados han estado jugando al gato y al ratón con la idea de que esos documentos podrían haber sido desclasificados. El expresidente lo ha afirmado en su red social, pero los abogados han evitado mojarse ante los tribunales. Eso ha permitido a la jueza decir que tienen que ser revisados como todos los demás y que ya se sacarán las conclusiones.
En su recurso, el Departamento de Justicia alega que negarle seguir trabajando con esos documentos puede provocar un daño irreparable. Y con respecto a la posibilidad de que estén desclasificados, dice: “A pesar de las múltiples oportunidades, el demandante nunca ha manifestado que de hecho haya dado alguno de esos pasos, y mucho menos ha apoyado tal manifestación con pruebas competentes. El tribunal se equivocó al conceder una medida extraordinaria basada en posibilidades no demostradas”.
El Tribunal de Apelaciones al que corresponde dirimir el recurso tiene su sede en Atlanta y 6 de sus 11 magistrados han sido nombrados por el propio Trump. Sea cual sea el resultado final del recurso, la actuación de la juez Cannon ya ha tenido una consecuencia: ha provocado que el caso se enrede en los tribunales y que la investigación se retrase.
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