Por Carlos Manuel Álvarez

Una lectura, típica de la neurosis identitaria del capitalismo tardío —por eso es cada vez más pertinente entender Cuba desde claves contemporáneas, globales y no excepcionalistas— dice que la aprobación del Código de las Familias, y en particular algunos derechos contenidos en el mismo, es resultado directo, exclusivo de una pelea librada únicamente por la comunidad favorecida. Eso no es verdad. Ni en la isla ni en ninguna parte.

 

Las parejas homosexuales van a poder casarse no solo gracias a la disputa —histórica, legítima, feroz, pero, aun así, no autosuficiente— de las minorías sexuales por su reconocimiento pleno y la aprobación de sus derechos elementales. El ecosistema social genera tensiones múltiples y el poder negocia, preferiblemente para sí mismo de manera tácita, los conflictos latentes: presiona, drena y ecualiza desde la opacidad represiva de su sala de máquinas. Y, sobre todo, parcela las identidades disidentes: el negro a lo negro, el gay a lo gay, el nativo a lo nativo, diluyendo cualquier noción transversal de la política y, por supuesto, la posibilidad del cambio estructural, es decir, la conciencia de la lógica económica vigente y su correlato en grupos y clases sociales.

 

Una interpretación concreta de la dictadura y los cubanos, fuera de las consignas libertarias que pueblan el espacio mesiánico del exilio castrista, reconoce que los derechos horadan el cerco del totalitarismo y que el Estado totalitario suele entregar derechos de modo elusivo, como si estos no minaran su control, su idea de gobierno. El Estado totalitario no va a reconocer su resquebrajamiento, y todo ajuste forzoso va a presentarlo solo como ejercicio de su propia voluntad. Entonces, ¿por qué, necesariamente, creerle? ¿A quién conviene que le creamos? A todo aquel que se constituye en relación con el Estado totalitario, y esto comprende, en principio, tanto a quienes lo legitiman como a quienes dicen negarlo a ultranza. Porque no se trata de negarlo, se trata de trascenderlo.

 

Los presos políticos no son entidades abstractas. El Movimiento San Isidro o Unpacu no son entidades abstractas. Los aires inéditos de protesta social no son abstractos. Nada de eso está ahí solo para que alguien —tú— lo defienda. Están ahí para expresarse por sí mismos también.

 

La negociación política incluye concesiones y acuerdos. Algunos ocurren de manera oficiosa, viva, como ahora. Muchas cosas se ganaron en las calles, aunque la propaganda oficial no vaya a admitirlo (a quién se le ocurre que lo harían), y aunque la retórica opositora dominante crea que lo único que se podía o debía lograr en las calles era el derrocamiento y que todo lo demás es distracción. Independientemente de lo que crea la gente del No, y de lo que crea la gente del Sí, el Código de las Familias se aprueba gracias también a los cuerpos de los presos políticos, a la gente que ha tenido trágicamente que exiliarse, incluso si esa misma gente no quiere reconocer el Código como una victoria suya.

 

Los cubanos viven tentados por la retórica autoritaria: la buscan y la detectan en Kendall, Lavapiés o Calimete. La democracia, en cambio, no emana solo del poder. De hecho, la democracia donde menos se encuentra es en los gestos «democráticos» del poder; a estas alturas, la mayor parte de ellos, automatismos liberales. Hay formas de gestión democrática en toda transición, e incluso en el estancamiento. Lo que San Isidro hizo —para ejemplificar con el grupo más emocionalmente cercano a mí— fue vivir en democracia. Fue demostrar, no pontificar. No dijeron: «Mañana viviremos en igualdad de derechos», sino: «Bueno, yo voy a vivir ya como se supone, a ver qué tal». Hay un grupo que se sacrifica, y ese gesto, a la postre, también garantiza derechos ajenos. Una vanguardia política.

 

A la larga, lo que entiende cualquier individuo humanista es que no hay derechos ajenos. Si un gay se casa, me caso yo, que también habito la posibilidad. Sin embargo, hay en nuestro contexto un discurso y una institución reaccionaria que, en defensa de los presos políticos, los instrumentaliza solo como fines en sí mismos. Qué espanto. Los presos están presos también por los demás.

 

Solo esta mirada al corazón de la democracia como un nudo de fuerzas individuales, pero solidarias, permitirá la no revictimización de los cuerpos disidentes, una lectura ecuménica de su apuesta cívica (aquí no importan las opiniones políticas sobre asuntos manipulados que se convierten en ficciones delirantes, como el embargo, la anexión, la guerra, la preservación del socialismo, sino el lugar ideológico que se ocupa como sujeto), y el entendimiento convergente de las identidades subalternas. Lo otro, los logros particularizados, la mera negación, el olvido o el silencio tendido sobre los actos y las palabras del otro, son los métodos del autoritarismo —su educación, su impronta—, y pueden encontrarse tanto entre la gente del Sí como entre la gente del No.

 

En resumen: no hay Código de las Familias sin 11-J, porque el cuerpo de alguien paga mi privilegio. Y eso es una verdad histórica, al margen de su inmediato reconocimiento o no.

 

REVISTA EL ESTORNUDO