Aunque la propaganda del régimen de la Isla lo niegue, cerca del 100% de la clase trabajadora cubana vive sometida a explotación laboral.

EDEL GONZÁLEZ GIMÉNEZ

La suspensión del desfile y festejo del Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución de La Habana, el espacio de celebración tradicional del masivo espectáculo propagandístico anual del régimen cubano, anunciada por las autoridades días atrás, puso en evidencia como nunca antes que en la Isla los trabajadores no tienen nada que celebrar.

 

La clase trabajadora, eje de la doctrina marxista y beneficiaria teórica de su triunfo político, sobrevive hoy en Cuba en un ambiente de pobreza generalizada, salvo aquellos que se corrompen. Su mayor deseo es, pese al mantra de la propaganda oficial, acceder al trabajo para desarrollarse sin restricciones; tener el derecho a la libre creación; disfrutarlo como la principal fuente legítima de vida; desempeñarlo en un ambiente laboral seguro y convivir en un escenario donde la empresa, el empleador y el "estado de bienestar social" reciban rentabilidad, pero no toda la riqueza creada a base de explotación.

 

Desde el punto de vista jurídico, en Cuba hay una amplia explotación laboral. Según las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dicha explotación crece en todas aquellas relaciones laborales en las que se impone desde la parte empleadora abusos sobre el empleado, como trabajar bajo condición de amenaza o percibir un salario que no se corresponde con la responsabilidad, esfuerzo y horas de trabajo, siendo insuficiente el ingreso para vivir con dignidad.

 

La explotación laboral implica además la carencia de derechos y de libertad sindical; la ausencia de sindicatos representativos de los derechos de los trabajadores; la inexistencia de tribunales garantes de dichos derechos y que las empresas/empleadores no ofrezcan la indemnización correspondiente por el daño que causan.

 

Hay explotación laboral allí donde las leyes y realidades generan un tipo de dominación de parte del jefe hacia el empleado, entendiéndose como jefe no solo al sujeto empleador directo, sino al sistema político, económico, social y legal imperante. En este supuesto, resultan responsables el Estado, el Gobierno y partido en el poder. Tomando en cuenta lo anterior, cerca del 100% de la clase trabajadora cubana vive sometida a explotación laboral.

 

El errático modelo de relaciones económico laborales, sociales y políticas imperante en la Isla, así como el fallido modelo de gestión de relaciones internacionales de La Habana, conducen al país a lo más profundo de una crisis sistémica que tiene dos salidas: una hacia el caos, la violencia, la corrupción de toda clase, el delito, el desempleo, el éxodo, la preminencia del mercado negro y la miseria; otra, la de un modelo democrático que opte por el respeto y promoción de los derechos humanos, así como una coexistencia basada en reglas de un verdadero estado de Derecho.

 

En el centro de este panorama está lamentablemente la clase trabajadora, subordinada a las relaciones de trabajo que impone el fallido, descontextualizado y abusivo sector político estatal en pleno siglo XXI, así como esa otra sometida a los experimentos de cooperativismo fraudulento y formas pautadas de emprendimiento "privado".

 

Esta clase, compuesta en Cuba por poco más del 41% de la población, trabaja en favor de los intereses y comodidad de una élite partidista y militar, que vive del esfuerzo y la explotación colectiva de las masas. El grupo dirigente aprovecha que los trabajadores son una fuerza despojada de libertad sindical, del derecho a la huelga, de un sistema de justicia laboral efectivo e independiente, y que están sometidos a un grado de intimidación y patrones de represión que van desde el despido laboral y el acoso político hasta la negación de licencias, de salida del país y la privación de libertad.

 

Fuentes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) tienen evidencia reciente de que la población reclusa cubana, la más vulnerable de todos los sectores dentro de la Isla, está sometida a esta nociva práctica. Los responsables directos son el sistema penitenciario y a la empresa PROVARI, del Ministerio del Interior, que vulneran con impunidad varios convenios de la OIT, así como principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos puestos en práctica dentro del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar situaciones de trabajo forzoso.

 

Bajo investigación se encuentran otras formas de trabajo forzoso y altamente explotador, que afectan a cientos de miles de trabajadores cubanos que emplea el conglomerado empresarial de los militares GAESA, visible fundamentalmente en las explotaciones del puerto de Mariel, las infraestructuras hoteleras, marinas y demás instalaciones de ocio regentadas por ella, así como en los procesos de inversión extranjera que utilizan mano de obra barata e indefensa como la de los cubanos.

 

¿Podrá celebrarse con plenitud en Cuba el Primero de Mayo de 2025, o persistirá la injusticia, la falta de derechos y la opresión?