Cinco fiscales dimiten por las presiones que han recibido por parte de la Casa Blanca
Después de ser exonerado en el juicio político del impeachment, Donald Trump ha decidido que no tiene por qué callarse ninguna opinión. Y no es que antes el presidente fuera precisamente dado al mutismo. Los hechos de esta semana, sin embargo, suponen una ruptura en toda regla de las normas no escritas vigentes hasta ahora, según las cuales un presidente en activo no interviene en procesos judiciales y no presiona a la fiscalía o a los jueces, menos aún cuando el reo es un amigo personal y antiguo empleado suyo.
El presidente se ha quejado, en repetidas ocasiones, de que la fiscalía haya pedido para Roger Stone, un abogado que trabajó en su campaña electoral en 2016, entre siete y nueve años de prisión en un caso en que la juez dictará sentencia el 20 de febrero. El miércoles, en una conversación con la prensa en el Despacho Oval, el presidente dijo: «Se está tratando a Roger Stone muy mal, se le ha destrozado la vida».
Que el presidente, la persona con más poder en el país, diga desde la Casa Blanca que un reo merece una sentencia más leve de la que solicita la fiscalía es algo sin precedentes. Lo que sucedió después es todavía más inaudito, todo en una vertiginosa sucesión de hechos que ha puesto en tela de juicio la independencia del ministerio fiscal de EE.UU. Tanto es así, que ayer la líder demócrata y artífice del fallido impeachment, Nancy Pelosi, dijo que estas presiones son, de nuevo, un caso de «abuso de poder» que podría ser juzgado.
El lunes, los fiscales del caso Stone, que fue declarado culpable de perjurio y mentir al Congreso en la investigación de la trama rusa, recomendaron a la juez entre siete y diez años de condena. Inmediatamente, Trump estalló en Twitter diciendo que el caso es «una gran injusticia».
Acto seguido, el departamento [ministerio] de Justicia emitió un comunicado haciendo su propia recomendación: la pena debe ser menor. Los cuatro fiscales que trabajaron en la acusación dimitieron el miércoles. Su jefa, la directora de la fiscalía en Washington, la capital federal, hizo lo propio horas después. Trump, lejos de expresar remordimiento, se congratuló por las dimisiones. «Ha hecho un gran trabajo», dijo en referencia al ministerio de Justicia y a su jefe, el fiscal general William Barr.
El siguiente objetivo del presidente es la juez que va a dictar sentencia. Se trata de la magistrada Amy Berman Jackson, que ya juzgó a dos amigos y colaboradores del presidente por delitos relacionados con la trama rusa, que se declararon culpables y han pasado por prisión: Paul Manafort y Rick Gates. De ella, dijo el presidente en Twitter: «¿No es esta la juez que puso a Paul Manafort en régimen de aislamiento, algo que no padeció el mafioso de Al Capone?».
Al final, la sentencia de Roger Stone dependerá de esa misma juez, víctima ya, como muchos otros en Washington, de los ataques del presidente en Twitter. Pero a Trump le queda un as en la manga: el indulto. No es algo común. De hecho, desde que llegó a la Casa Blanca este presidente sólo ha indultado a 17 personas. Preguntado el miércoles en el Despacho Oval sobre si se plantea anularle la pena a Stone, que se ha mantenido fiel a él a lo largo de su juicio, Trump dijo: «Ya veremos, ahora eso no toca».
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